Por: Luis Alberto Beltrán
Cuernavaca, Morelos.- Las revisiones y etapas de desahogo de pruebas relacionadas con presuntas contrataciones irregulares en el sector salud de Morelos están por concluir, y todo apunta a que no existieron desvíos de recursos, sino acusaciones sin sustento formal.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, “las auditorías practicadas a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 demostraron que los contratos celebrados con proveedores sí se cumplieron conforme a lo establecido”, lo que debilita los señalamientos de presuntos actos de corrupción en la Secretaría y en Servicios de Salud del estado.
Las revisiones técnicas realizadas sobre esos ejercicios fiscales indican que los procedimientos administrativos, pagos y entregas de insumos se desarrollaron dentro de los parámetros establecidos, por lo que las observaciones iniciales no acreditan irregularidades en la contratación ni en la ejecución de los servicios.
Uno de los señalamientos más difundidos públicamente fue el supuesto desvío de más de 300 millones de pesos relacionado con la entrega de medicamentos.
Sin embargo, especialistas del propio proceso señalaron que dicha cifra resulta inconsistente, ya que equivale prácticamente al presupuesto total destinado al abasto de medicamentos en el estado.
Además, durante esos años el suministro de medicinas superó el noventa por ciento, nivel de cobertura que incluso fue reconocido por autoridades federales del sistema IMSS Bienestar, entonces encabezado por Zoé Robledo.
Las fuentes consultadas precisaron que el proceso de desahogo de pruebas aún no concluye de manera formal y que varias observaciones de la Auditoría Superior de la Federación continúan su curso administrativo, principalmente relacionadas con la entrega de información complementaria.
En ese contexto, también se aclaró que no existen denuncias formales presentadas contra representantes legales de empresas proveedoras, por lo que hasta ahora los señalamientos se mantienen únicamente en el terreno mediático.
La controversia surgió a partir de versiones que señalaban que durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se habrían asignado contratos a personas vinculadas con Morena que supuestamente incumplieron con la entrega de medicamentos e insumos hospitalarios.
No obstante, las auditorías revisadas no registraron anomalías en los procesos de contratación, pago y entrega de productos, aun cuando en algunas versiones se mencionó la participación de empresas vinculadas al actual titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuernavaca, Joan Christian Carmona Barón.
Sobre este punto, el propio funcionario municipal afirmó en entrevista que ninguna de las empresas que representa vendió medicamentos o insumos al sector salud estatal durante el gobierno del exfutbolista.
Carmona Barón consideró que los señalamientos podrían responder a disputas políticas y lo que calificó como “fuego amigo”, al tiempo que expresó su confianza en que las instancias federales concluirán las revisiones y aclararán el caso.
En el ámbito político local, observadores anticipan que el tema podría mantenerse en la agenda pública durante los próximos meses, especialmente ante el inicio de los tiempos electorales, cuando suelen intensificarse los señalamientos entre actores políticos.


