Da Justicia Razón a Waldo Fernández

29 Mar 2026 | Nacional

Por: Dan Llamas

Ciudad de México.- Un juez federal concedió una suspensión condicionada dentro del proceso legal impulsado por el senador Waldo Fernández en contra de la exfuncionaria regiomontana Karina Barrón y dos personas más, lo que abre la puerta para que los imputados enfrenten el procedimiento en libertad bajo estrictas condiciones.

«Nadie ganó con esto, pero al final de cuentas limpié mi nombre”, declaró Waldo Fernández, quien adelantó que los recursos económicos derivados del acuerdo serán destinados a la beneficencia pública.

Como parte de las medidas impuestas, Karina ‘N’, Débora ‘N’ y Gustavo ‘N’ deberán emitir una disculpa pública, cubrir un reembolso por 3 millones 200 mil pesos relacionados con gastos de seguridad asumidos por el senador, así como abstenerse de participar en actividades políticas mientras el proceso continúe vigente.

El acuerdo también contempla restricciones de contacto con la víctima, la obligación de tomar cursos sobre “guerra sucia” y sus implicaciones, así como la prohibición de emitir declaraciones públicas sobre el caso.

Adicionalmente, se fijó una reparación del daño por 3 millones 223 mil pesos, la cual será cubierta mediante pagos mensuales de 173 mil pesos a partir del 30 de marzo.

Entre otras condiciones, los implicados no podrán ocupar cargos públicos —ni siquiera por la vía plurinominal—, deberán integrarse a campañas de concientización contra denuncias falsas y cumplir con 30 horas de servicio social en instituciones públicas o de asistencia.

El juzgado determinó el 13 de octubre de 2027 como fecha para evaluar el cumplimiento integral de las medidas acordadas.

Durante la audiencia, Débora ‘N’, quien promovió la denuncia por abuso sexual, aseguró que no conocía personalmente al senador antes de los hechos, mientras que Gustavo ‘N’, quien se desempeñó como su asesor legal, admitió no contar con cédula profesional y sostuvo haber actuado bajo presión.

Al cierre, Waldo Fernández advirtió que continuará impulsando acciones legales para que se investigue a todos los involucrados en lo que calificó como una acusación fabricada, señalando incluso la posible participación de autoridades ministeriales.

El legislador subrayó que no se realizaron pruebas periciales en su momento, lo que —dijo— evidencia inconsistencias en la integración del caso y refuerza su postura de llevar el proceso “hasta las últimas consecuencias”.

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