Por Fabián G.
Ciudad de México.— A casi tres décadas de que el rescate bancario fuera convertido en deuda pública, el Fobaproa continúa representando una pesada factura para las finanzas nacionales, un compromiso que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, difícilmente llegará a liquidarse.
«Es impagable, nunca se va a acabar de pagar”, sostuvo la mandataria al referirse durante su conferencia matutina al costo que todavía enfrenta el Estado mexicano por aquella operación financiera.
Sheinbaum puso nuevamente sobre la mesa uno de los episodios económicos más controvertidos de las últimas décadas, al señalar que año con año deben destinarse recursos públicos para cubrir las obligaciones derivadas de aquella decisión, actualmente administradas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El antecedente se remonta al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creado en 1990 durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y utilizado posteriormente frente a la crisis financiera de 1994 y 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
La estrategia buscó evitar el desplome del sistema bancario mediante la absorción de obligaciones y cartera problemática de las instituciones financieras.
Fue en diciembre de 1998 cuando el Congreso aprobó transformar buena parte de esos compromisos en deuda pública y se estableció el esquema que posteriormente sería administrado por el IPAB.
El costo inicial de aquella operación fue calculado en poco más de 552 mil millones de pesos. Sin embargo, la carga financiera se prolongó durante las siguientes décadas.
De acuerdo con las cifras referidas sobre el pasivo, se han destinado más de 1.2 billones de pesos al pago acumulado de intereses, mientras la deuda bruta todavía supera 1.04 billones de pesos.
En términos aproximados, ese saldo representaría alrededor de ocho mil pesos por cada habitante del país, aunque el costo real del rescate debe analizarse considerando pagos, intereses, obligaciones vigentes y la evolución financiera del IPAB para ciudadanos que vivieron directamente la crisis de los años noventa, la discusión conserva además una dimensión social.
Fernando Reyes, contador de 56 años, recordó que numerosas familias enfrentaron durante aquellos años la pérdida de patrimonio, negocios y capacidad económica.
“Tiene toda la razón, aunque llega décadas tarde. A los de mi generación nos tocó vivir de lleno la crisis del 94; perdimos casas, negocios y ahorros”, expresó.
Reyes cuestionó que las consecuencias financieras de aquella crisis hayan permanecido durante generaciones y consideró que los recursos destinados al servicio de esa deuda podrían tener otros usos públicos.
«Todos los miles de millones de pesos que cada año van a dar al IPAB para pagar intereses son recursos que no se invierten en infraestructura, transporte, hospitales ni escuelas”, señaló.
El gobierno federal mantiene el cumplimiento de las obligaciones financieras legalmente establecidas, pero Sheinbaum ha colocado el Fobaproa nuevamente en el debate político y presupuestal.
A casi 30 años de la crisis que detonó el rescate, la cuenta permanece abierta: México ha pagado durante décadas y, de acuerdo con la presidenta, se trata de una deuda que parece no tener punto final.
