Por: Redacción
Ciudad de México.- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, fueron detenidos y entregados a autoridades de Estados Unidos, donde ambos acordaron declararse culpables dentro de procesos judiciales relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.
«Las investigaciones forman parte de expedientes más amplios sobre presuntas operaciones ilícitas y nexos con estructuras criminales en Sinaloa”, señalaron fuentes de seguridad citadas en reportes difundidos.

De acuerdo con información publicada por el diario La Silla Rota, Enrique Díaz Vega fue detenido en Europa y posteriormente aceptó ser entregado de manera inmediata a autoridades estadounidenses para enfrentar cargos relacionados con presuntas operaciones financieras ilícitas.
Las investigaciones apuntan a que el exfuncionario sinaloense, quien ocupó la Secretaría de Administración y Finanzas entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, habría mantenido presuntos vínculos financieros con estructuras ligadas al crimen organizado.
Su salida del gabinete estatal ocurrió meses antes de que comenzaran a trascender investigaciones relacionadas con su patrimonio y el crecimiento de sus actividades empresariales durante su gestión pública.
Versiones periodísticas señalan además que Díaz Vega habría intentado colaborar como testigo en investigaciones desarrolladas en Estados Unidos mediante intermediarios legales, aunque dicho acercamiento no prosperó.
Posteriormente, su nombre apareció integrado en expedientes judiciales vinculados con operaciones presuntamente relacionadas con una facción de “Los Chapitos”.
Por otra parte, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses en la garita de Otay Mesa, entre Tijuana y San Diego, para enfrentar acusaciones en su contra.

Mérida Sánchez encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 y es señalado en documentos judiciales estadounidenses de haber recibido presuntos pagos mensuales superiores a 100 mil dólares a cambio de brindar protección a actividades ilícitas.
Las investigaciones sostienen que durante su gestión habría omitido intervenir en operaciones de tráfico de drogas y alertado sobre operativos oficiales, permitiendo a grupos criminales movilizar recursos y personal antes de las acciones de las autoridades.
Asimismo, autoridades norteamericanas le atribuyen haber advertido con anticipación sobre al menos diez redadas contra laboratorios clandestinos realizadas en 2023, lo que forma parte de los señalamientos centrales del caso.
Antes de integrarse al gobierno estatal, Mérida Sánchez desarrolló una amplia carrera militar, donde ocupó cargos como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla y director de la Escuela Militar de Inteligencia.
Ambos procesos judiciales forman parte de investigaciones federales en Estados Unidos que buscan esclarecer presuntos vínculos entre exfuncionarios sinaloenses y estructuras del crimen organizado que operaban en la región.


