Por: Dan Llamas
Ciudad de México. La diputada federal de Morena, Giselle Yunueen Arellano Ávila, presentó una iniciativa para reformar el artículo 282 del Código Penal Federal con el propósito de fortalecer las sanciones contra quienes amenacen a otra persona por cualquier medio, incluyendo redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos y plataformas digitales.
«El objetivo de la iniciativa es fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido a la realidad criminológica contemporánea y armonizarlo con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos que vinculan al Estado mexicano», explicó la legisladora a Llamas Comunicación.
De acuerdo a la explicación, la iniciativa plantea imponer de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa a quien, de manera directa o indirecta, verbal, escrita, simbólica, digital o mediante medios electrónicos o telemáticos, amenace a otra persona con causarle un daño.
El proyecto precisa que las amenazas podrán estar dirigidas contra la integridad física, psicológica o sexual de la víctima, así como contra sus bienes, honor o derechos, o los de personas con quienes mantenga o haya mantenido una relación familiar, afectiva, laboral, de convivencia o cualquier otra de naturaleza similar.
Arellano Ávila sostiene que la legislación vigente quedó rezagada frente a la evolución tecnológica, ya que fue concebida cuando las formas de comunicación se limitaban prácticamente al contacto personal y la correspondencia escrita, por lo que considera indispensable incorporar expresamente las nuevas modalidades de intimidación que hoy proliferan en el entorno digital.
La legisladora señala que las amenazas difundidas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos, perfiles anónimos o cuentas automatizadas pueden multiplicar su impacto, permanecer disponibles de manera indefinida y alcanzar simultáneamente a familiares, amistades o centros de trabajo de la víctima, provocando afectaciones psicológicas de mayor alcance.
La propuesta también retoma estudios criminológicos que advierten que una parte importante de las amenazas ocurre entre exparejas, exsocios, exempleados o personas con vínculos concluidos, situaciones que, afirma, no están contempladas de forma expresa en la redacción actual del Código Penal Federal y pueden dar lugar a interpretaciones restrictivas.
El documento enfatiza que el incremento de amenazas dirigidas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y otros grupos vulnerables obliga a fortalecer el marco jurídico, ya que organismos nacionales e internacionales consideran que este tipo de intimidaciones suelen ser el antecedente de formas más graves de violencia física, psicológica y sexual.
