Por: Dan Llamas
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la puerta a las suspensiones judiciales contra la obligación de que los agentes aduanales presenten una declaración anual de evolución patrimonial, al considerar que esta medida responde al interés público de fortalecer la vigilancia en el sistema aduanero y combatir prácticas como el contrabando, el fraude fiscal y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, aprobada por unanimidad, establece que los jueces federales ya no podrán conceder suspensiones provisionales o definitivas que frenen la aplicación de esta disposición incorporada a la Ley Aduanera durante la reforma de 2025.
Con ello, la Corte fija un criterio que podría anticipar el sentido de la resolución de fondo sobre los amparos promovidos por agentes aduanales en distintas entidades del país.
En la sentencia, el máximo tribunal sostiene que, aunque los agentes aduanales ejercen una actividad privada, operan bajo una patente otorgada por el Estado y desarrollan funciones de interés público, por lo que están sujetos a un régimen especial de supervisión y control.
La Corte también argumentó que permitir la suspensión de esta obligación impediría que las autoridades obtengan información financiera necesaria para prevenir e investigar posibles actos de lavado de dinero y otras conductas ilícitas relacionadas con las operaciones de comercio exterior.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres destacó la dimensión estratégica del sector aduanero al señalar que únicamente entre enero y febrero de este año se realizaron 3.3 millones de operaciones de comercio exterior, respaldadas por 1.6 millones de pedimentos de importación y exportación elaborados por agentes aduanales.
La determinación representa un revés para el gremio, que sostiene que la exigencia de presentar declaraciones patrimoniales resulta inconstitucional, al considerar que el artículo 108 de la Constitución reserva esa obligación exclusivamente para los servidores públicos.
Desde la entrada en vigor de la reforma, decenas de agencias aduanales han promovido amparos.
Tan solo en la Ciudad de México se contabilizaron al menos 40 despachos litigando contra las nuevas disposiciones, mientras que cientos de recursos similares fueron presentados en juzgados federales del resto del país.
Además de la declaración patrimonial, la reforma impuso otras obligaciones que también han sido impugnadas, entre ellas la integración de expedientes detallados sobre clientes y empleados, la recopilación de información de instalaciones de las empresas usuarias y la ampliación de la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales respecto a contribuciones omitidas en las operaciones de comercio exterior.
