Por Redacción
Ciudad de México
El anuncio de una prórroga de 90 días por parte del Presidente de Estados Unidos en la imposición de nuevos aranceles a México fue recibido en algunos sectores como una victoria diplomática.
Sin embargo, los expertos advierten que el país solo compró tiempo y que el panorama sigue siendo incierto.
“Es un respiro momentáneo, pero en realidad seguimos pagando altos aranceles y enfrentando condiciones de competencia desiguales frente a otras naciones”, expresó a Llamas Comunicación Javier Cervantes un especialista en comercio internacional, consultado en la capital del país.
La realidad es contundente: México aún debe afrontar un 25 por ciento en automóviles y un 50 por ciento en productos estratégicos como acero, aluminio y cobre.
En contraste, países como la Unión Europea, Japón o Corea del Sur han logrado acuerdos con Washington que les permiten exportar autos con cargas arancelarias más bajas, debilitando la posición mexicana en uno de los mercados más competidos del mundo.
El Presidente estadounidense aseguró además que México accedió a eliminar barreras no arancelarias, lo que, de confirmarse, significaría abrir la puerta a reclamos adicionales de parte de empresas norteamericanas en distintos sectores.
El problema de fondo es que este “entendimiento” no tiene el carácter de un tratado formal.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es clara: se requiere un acuerdo escrito, entre Estados y regido por el derecho internacional.
Nada de eso ocurrió. Se trata de un arreglo político que carece de sustento jurídico, pero que en los hechos condiciona la relación bilateral.
México enfrenta así un reto doble: defender sus exportaciones en un escenario de presión arancelaria creciente y, al mismo tiempo, exigir reglas claras en los compromisos internacionales.
De lo contrario, la prórroga solo será un paréntesis antes de un golpe más duro para la economía nacional.