Por: Dan Llamas
Ciudad de México.— Con el respaldo de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos para 2027, que contempla modificaciones en las tarifas de diversos trámites y servicios gubernamentales, en medio de cuestionamientos de la oposición por el impacto económico que podrían representar para los ciudadanos.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo 329 votos a favor y 117 en contra, estos últimos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, después de dos horas y media de discusión legislativa.
El debate se concentró en las diferencias entre quienes consideran que las nuevas cuotas responden a una actualización de costos y quienes advierten que representan incrementos excesivos en servicios utilizados por millones de mexicanos.
Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, defendió el dictamen al señalar que los ajustes buscan reflejar los costos reales de los servicios públicos y eliminar diferencias injustificadas entre trámites similares.
“No se propone una actualización indiscriminada, sino ajustes asociados a servicios y aprovechamientos concretos”, sostuvo el legislador.
Desde la bancada panista, Guillermo Anaya Llamas rechazó esa explicación y aseguró que las modificaciones implican mayores cargas económicas para la población.
El diputado puso como ejemplo la licencia sanitaria para establecimientos que prestan servicios de transfusión sanguínea, cuyo costo pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos.
La diferencia representa un incremento superior al mil por ciento, situación que, según el legislador, podría trasladarse finalmente a pacientes y consumidores.
Anaya Llamas advirtió que las nuevas disposiciones también alcanzan actividades relacionadas con salud, transporte, turismo y construcción, por lo que cuestionó que el gobierno federal presente las modificaciones únicamente como actualizaciones administrativas.
Para el bloque oficialista, los cambios permitirán ordenar el sistema de cobros federales y establecer criterios más claros sobre las obligaciones de pago.
En contraste, las bancadas opositoras insistieron en que algunos incrementos requieren una revisión más profunda por sus posibles repercusiones económicas.
Tras la votación en lo general, el pleno inició la discusión de las reservas al articulado, con una lista de al menos 30 intervenciones distribuidas entre las distintas fuerzas políticas, excepto el Partido Verde, que decidió no participar en esa etapa.
La aprobación en lo general constituye un avance legislativo para la propuesta del Ejecutivo federal, aunque todavía debe concluir su revisión parlamentaria antes de convertirse en ley.
