Por: Fabián G.
Ciudad de México.— En una decisión de carácter general y a nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública encabezada por Mario Delgado, emitió un acuerdo histórico que ordena la clausura y prohibición definitiva de todas las instituciones educativas privadas o particulares que operen bajo las denominaciones o modalidades de «militarizada», «militar», «castrense» o cualquier otra análoga.
La medida federal —que deberá cumplirse a más tardar el próximo 31 de agosto, de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027— surge tras el trágico feminicidio de la menor Dafne Zapata durante un campamento de verano en una academia de este tipo en Tamaulipas, así como por diversas denuncias de acoso y abusos en planteles similares en el país.
La SEP sentenció que la formación de índole militar es incompatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y los derechos humanos, recordando que dicha instrucción está reservada exclusivamente para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
El impacto en Puebla: Armenta confirma la ejecución de la norma federal
En el ámbito estatal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que su administración acatará y aplicará de forma estricta esta disposición en todo el territorio poblano, lo que afectará directamente a academias con antecedentes en la zona metropolitana, como la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.
El mandatario estatal subrayó que el Gobierno del Estado actuará con firmeza para revisar los permisos y dar cumplimiento al mandato federal, priorizando la seguridad de la niñez y evitando que planteles operen al margen de la ley bajo falsos esquemas de disciplina.
«Vamos a cumplir la ley y los lineamientos que marca la federación.
No se trata solo de cerrar por cerrar, sino de garantizar que se respeten los derechos de los alumnos, coordinando mesas de trabajo para que ninguna familia quede desprotegida ante este cambio radical en el modelo educativo», indicó el gobernador Armenta Mier.
Repercusiones digitales y la postura oficial ante los cobros
El anuncio desató una ola de reacciones e incertidumbre en redes sociales y plataformas digitales de Puebla.
Mientras colectivos sociales aplaudieron la medida para frenar posibles abusos físicos y psicológicos, decenas de padres de familia externaron su preocupación por el futuro inmediato de sus hijos.
Ante este panorama de inconformidad digital, la SEP federal y las autoridades locales recordaron que los planteles están obligados a cumplir con dos acciones inmediatas:
- Entrega de documentación: Devolver de manera inmediata expedientes, historiales y certificados parciales o totales para facilitar la reubicación de los estudiantes en escuelas del sistema público o privado regular.
- Reembolso económico: Reintegrar de forma íntegra los pagos realizados por concepto de reinscripciones, uniformes, útiles y servicios educativos que ya no serán devengados.
Entre la disciplina formativa y la exigencia de legalidad
La decisión federal y su aplicación en Puebla mantienen abierto el debate en torno a los métodos de crianza y formación con mano dura. Rodrigo Sánchez, de 41 años, padre de un joven que cursaba el segundo año en un plantel de corte militarizado en la entidad, expresó su inquietud ante la abrupta transición.
«Yo estuve en una escuela militarizada cuando era joven y reconozco que la disciplina forja carácter.
Entiendo la gravedad de lo ocurrido a nivel nacional y que las autoridades busquen frenar abusos, pero nos dejan en el aire a mitad del proceso. Lo justo es que nos garanticen opciones reales de reubicación sin que los chavos sufran un retraso escolar», compartió.
Con esta disposición, el gobierno de Alejandro Armenta en Puebla y la SEP a nivel federal cierran de manera definitiva las puertas a un modelo educativo particular que operaba sin el reconocimiento oficial de la instrucción castrense, marcando un precedente obligatorio en todo el país.
