Niegan el paso a congresista en centro de detención; Escobar denuncia opacidad del DHS

13 Jul 2025 | Texas

Por: Redacción

El Paso, Texas.–

La polémica sobre las condiciones y transparencia en los centros de detención migratoria de Estados Unidos volvió a encenderse luego de que la congresista demócrata Veronica Escobar fuera impedida de ingresar a una de estas instalaciones ubicadas en El Paso, Texas, pese a que ha realizado visitas similares durante años bajo distintas administraciones.

La representante federal por el distrito 16 de Texas intentó ingresar a un centro operado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero fue rechazada bajo el argumento de que ahora se requiere un aviso previo de siete días para poder acceder.

La propia agencia reafirmó esa posición públicamente, calificando los intentos de Escobar como un “truco político”. Sin embargo, la congresista respondió con contundencia, asegurando que las nuevas pautas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) son “ilegales y merecedoras de escrutinio público”.

“El departamento encabezado por una secretaria más conocida por hacer cosplay de que está en una zona de guerra quizás no debería dar lecciones a nadie sobre trucos publicitarios”, señaló la oficina de Escobar, en referencia directa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La legisladora ha visitado regularmente centros de detención desde que fue electa al Congreso. Esta fue, según sus declaraciones, la primera vez que se le niega el acceso, lo que —a su juicio— representa una obstrucción a su deber de supervisión legislativa.

Diversas organizaciones civiles han respaldado su postura, al considerar que este tipo de restricciones limita el derecho del Congreso a fiscalizar el trato que reciben las personas detenidas en instalaciones migratorias. “Se está cerrando la puerta no solo a una legisladora, sino también al derecho ciudadano de saber qué ocurre detrás de esos muros”, denunció un activista fronterizo.

Expertos legales advierten que el nuevo requisito podría constituir un impedimento institucional inconstitucional al rol de supervisión que tienen los poderes legislativos sobre las agencias federales, especialmente aquellas relacionadas con derechos humanos y seguridad nacional.

La negativa a Escobar ocurre en medio de un contexto político altamente polarizado en torno a la migración y el control fronterizo. Miles de personas, la mayoría provenientes de América Latina, permanecen en detención o en espera de resoluciones migratorias en la frontera sur.

“Este no es un tema de partidos ni de ideología. Es un tema de derechos, de rendición de cuentas y de humanidad”, afirmó Escobar, al advertir que emprenderá acciones legales y legislativas para revertir lo que considera una política autoritaria por parte de ICE.

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