Por: Raúl S. Llamas
Laredo, Texas.- El congresista federal Henry Cuellar votó en contra del paquete legislativo que destina cerca de 70 mil millones de dólares para reforzar las políticas de control migratorio y seguridad fronteriza en Estados Unidos, al considerar que la iniciativa otorga recursos extraordinarios al gobierno federal sin mecanismos suficientes de supervisión y rendición de cuentas.
«Estamos entregando más de 260 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional sin la supervisión adecuada ni responsabilidad ante el pueblo estadounidense”, señaló Cuellar al fijar su postura tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes.

La medida fue avalada por un estrecho margen de 214 votos a favor contra 212 en contra, reflejando la profunda división política que persiste en Washington en torno a la política migratoria. Con esta votación, el paquete legislativo fue enviado al presidente Donald Trump para su promulgación.
El plan contempla recursos para fortalecer las operaciones del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), agencias responsables de la vigilancia fronteriza, detención de migrantes y aplicación de las leyes migratorias durante el resto del actual mandato presidencial.
Cuellar, quien representa una de las regiones fronterizas más activas del país, sostuvo que la seguridad en la frontera debe mantenerse como una prioridad nacional, pero insistió en que los recursos deben canalizarse mediante el proceso ordinario de asignaciones presupuestarias del Congreso.

De acuerdo con el legislador demócrata, ese mecanismo permitiría a los congresistas dirigir fondos hacia las áreas con mayores necesidades operativas, exigir resultados concretos a las agencias federales y brindar certidumbre al personal que diariamente trabaja en la frontera sur de Estados Unidos.
a aprobación del paquete representa una de las mayores inyecciones de recursos federales destinadas al aparato de seguridad fronteriza en los últimos años y se perfila como uno de los pilares de la estrategia migratoria impulsada por la administración Trump para reforzar el control de los cruces irregulares y acelerar los procesos de aplicación de la ley.


