Por: Redacción
Austin, Texas.- A partir del 1 de enero de 2026, el estado de Texas dará un giro estratégico en su política migratoria con la entrada en vigor del Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), una disposición que obligará a los alguaciles de los condados con centros de detención a colaborar de manera directa y estructurada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), institucionalizando la cooperación bajo el programa federal 287(g).
“La SB-8 formaliza un esquema de coordinación que amplía el papel de las autoridades locales en tareas migratorias que antes correspondían exclusivamente al ámbito federal”, advierten a Llamas Comunicación organizaciones civiles, al señalar que el cambio tendrá efectos inmediatos en la operación de cárceles y corporaciones policiales en todo el estado.
La nueva legislación no solo exige cooperación formal, sino que la incentiva mediante subvenciones que van de 80 mil a 140 mil dólares, recursos destinados a capacitación de agentes, implementación de protocolos y operación de funciones migratorias delegadas por ICE.
Para sus defensores, la medida fortalece la seguridad pública y permite identificar a personas con antecedentes criminales.
Para sus críticos, representa un riesgo de abusos y detenciones arbitrarias.
El eje de la SB-8 es el programa 287(g), un mecanismo legal que permite a ICE delegar funciones específicas de inmigración a autoridades estatales y locales bajo su supervisión.
Este esquema fue suspendido en 2012 tras denuncias de redadas indiscriminadas y perfilamiento racial, pero ha sido reactivado y ampliado en años recientes. Texas apuesta ahora por su consolidación como parte de una política de “mano dura” en materia migratoria.
Dentro del 287(g) operan distintos modelos.
El Jail Enforcement Model se enfoca en personas detenidas en cárceles locales con cargos criminales.
El modelo Task Force autoriza a agentes locales a ejercer autoridad migratoria limitada durante patrullajes rutinarios, mientras que el programa de Oficiales de Servicio de Ordenanzas permite ejecutar órdenes administrativas de ICE dentro de centros de detención.
Organizaciones de derechos civiles alertan que la SB-8 podría derivar en mayores prácticas de discriminación racial, con personas detenidas o investigadas por su apariencia, acento o lugar de residencia, sin importar su estatus legal.
También advierten que la cooperación obligatoria puede romper la confianza entre comunidades inmigrantes y policías locales, provocando que víctimas de delitos eviten denunciar por temor a la deportación.


