El ex Presidente de México Enrique Peña fue acusado de tomar un soborno de 100 millones de dólares de “El Chapo”. Un ex alguacil en el sur de Texas tomó mucho menos de “El Gallo”: unos 100 mil dólares.
“El Gallo”, Tomás Reyes González, un narco que se encuentra en una prisión federal, le entregó el dinero en efectivo al ex sheriff del Condado de Hidalgo, Guadalupe Treviño, para su campaña de reelección.
Otro ex alguacil de Hidalgo aceptó sobornos para permitir que un traficante condenado realizara visitas conyugales y un ex sheriff de Cameron protegió a traficantes de cocaína.
La corrupción que derribó a estos tres alguaciles en 1994, 2005 y 2014 continúa hoy.
El mes próximo, el ex jefe de Policía en la ciudad de La Joya tiene programado ir a juicio, después de que fue acusado de ayudar a una organización de narcotráfico.
El muy observado juicio de “El Chapo”, cuyo nombre es Joaquín Guzmán Loera y fue encontrado culpable la semana pasada en Nueva York, arrojó luz sobre el dominio que tienen los narcotraficantes y su dinero sobre la Policía y los políticos en México.
Pero la corrupción también fluye en el lado estadounidense de la frontera.
Más de 100 funcionarios de impartición de justicia locales, estatales y federales han sido acusados de corrupción relacionada con las drogas en la frontera suroeste de Estados Unidos desde los años 90.
En sólo una dependencia, la Patrulla Fronteriza, las autoridades dijeron que 77 empleados fueron arrestados o acusados de corrupción en los años fiscales del 2005 al 2017.
En el Valle del Río Grande en Texas, el dinero de las drogas ha sido una presencia callada, pero innegable.
Los narcos y sus familiares llegan para comprar vehículos de lujo, construir mansiones sumamente protegidas, disfrutar de la vida nocturna en McAllen y Brownsville, y jugar en los populares, pero ilegales, casinos de máquinas tragamonedas.
“Es el aceite que hace que funcione la maquinaria, en todo tipo de formas que no entendemos por completo”, dijo W.F. Strong, profesor en la Universidad de Texas del Valle del Río Grande en Brownsville.
Tal actividad no causa tiroteos entre cárteles ni violencia aleatoria en las calles.
Los residentes del Valle en general se sienten seguros y están seguros.
McAllen no registró asesinatos en el 2018, en comparación con los siete del 2017.
Brownsville tuvo dos homicidios en el 2018, abajo de los seis del 2017.
Debido a ello, residentes y funcionarios locales cuestionan la falsa narrativa de que las ciudades fronterizas son lugares violentos y dijeron que la corrupción no era distinta de la que se da en otras partes del país.