Por: Redacción
Laredo, Texas.–
Las redadas migratorias masivas han vuelto con fuerza al sur de Texas. Autoridades del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmaron que están ejecutando operativos permanentes de detención de trabajadores indocumentados en la ciudad de Laredo, incluyendo comercios, centros laborales y espacios públicos.
La presencia de agentes federales en restaurantes, tiendas, obras en construcción y hasta estaciones de servicio ha generado un clima de miedo e incertidumbre, no solo entre personas sin documentos, sino también entre residentes con estatus migratorio legal que aún no han adquirido la ciudadanía estadounidense.
“Sí, son redadas permanentes. Las realizamos como parte de la aplicación de nuestras leyes migratorias”, indicó un comunicado oficial emitido por ICE y DHS regional, con base en San Antonio, Texas.
El despliegue ha sido particularmente visible en las últimas 48 horas, con patrullas federales y vehículos sin insignia realizando inspecciones súbitas en negocios y solicitando documentos en plena vía pública. Testimonios recabados por Llamas Comunicación confirman detenciones inmediatas y traslados exprés a centros de procesamiento.
El ambiente, antes caracterizado por la colaboración binacional entre ambas ciudades hermanas, ha cambiado. Laredo vive un momento tenso, donde la rutina cotidiana de miles de trabajadores migrantes —que sostienen gran parte de la economía local— se ve interrumpida por el temor constante a ser arrestados, incluso por errores administrativos menores.
Activistas y defensores de derechos humanos han denunciado que estas redadas están desatando perfiles raciales, afectando principalmente a personas de origen mexicano o centroamericano, y creando un efecto paralizante en sectores como el comercio, la construcción y la agricultura regional.
“Esto no solo afecta a los indocumentados, también pone en jaque a la estabilidad de cientos de familias mixtas que viven y trabajan aquí desde hace años. El miedo ya está instalado”, alertó un líder comunitario que pidió anonimato por temor a represalias.
La medida, aunque respaldada por la legislación federal vigente, revive los fantasmas de redadas pasadas y abre un nuevo capítulo de tensión en una ciudad fronteriza que históricamente ha sido símbolo de convivencia entre naciones.