Por: Redacción
Washington, DC.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció su ofensiva contra las finanzas del crimen organizado al sancionar a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a una red de contrabando de combustible operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el esquema generaba decenas de millones de dólares al año mediante robo de combustible, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada para evadir impuestos en México.
«La medida pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico de drogas tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales», afirmó Scott Bessent, al señalar que estas acciones forman parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
La operación fue anunciada de manera conjunta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros, que además emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para identificar operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la investigación fue coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del sur de Texas, con la participación de agencias como la Administración de Control de Drogas, Investigaciones de Seguridad Nacional, Buró Federal de Investigaciones, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y otras dependencias federales.
Las autoridades recordaron que esta ofensiva da continuidad a las sanciones impuestas contra redes de «huachicol» en septiembre de 2024 y mayo de 2025. Asimismo, destacaron que una alerta emitida por FinCEN el año pasado permitió detectar más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa, con operaciones superiores a siete mil millones de dólares vinculadas principalmente con transacciones entre Estados Unidos y México.
El informe identifica a Texas y Florida como los estados con mayor número de reportes. En Texas, las actividades se concentraron en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, donde predominan empresas relacionadas con los sectores petrolero, de gas natural y transporte.
Con estas medidas, el gobierno estadounidense busca cerrar una de las principales fuentes de financiamiento ilícito del CJNG, organización que, según el Departamento del Tesoro, ha diversificado sus actividades criminales más allá del narcotráfico mediante el robo y contrabando de combustibles en la frontera entre ambos países.
