Por: Redacción
Washington.- El despliegue de nuevas armas láser de alta energía para derribar drones presuntamente utilizados por cárteles mexicanos detonó un choque institucional en el gobierno de Estados Unidos, luego de que su uso derivara en el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
La controversia se originó la primavera pasada, en los primeros meses del mandato de Steve Feinberg como subsecretario de Defensa, cuando personal del Pentágono le informó sobre los planes para emplear el sistema láser en la frontera sur.
“La ley exigía una amplia coordinación con la FAA y el Departamento de Transporte, lo que podría ralentizar las pruebas del sistema”, recordaron dos personas con conocimiento de la reunión, quienes hablaron bajo condición de anonimato.
Según esas versiones, Feinberg consideraba que el Pentágono tenía autoridad para proceder; sin embargo, Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, calificó esa versión como “una invención total”.
El contexto era particularmente sensible.
Meses antes, un helicóptero del ejército colisionó con un avión comercial cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington, tragedia que dejó 67 fallecidos y colocó bajo intenso escrutinio los protocolos de seguridad militar en zonas de tráfico aéreo civil.
La tensión escaló esta semana cuando, en coordinación con personal militar y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, el sistema láser fue utilizado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso.
La acción provocó malestar dentro de la Administración Federal de Aviación (FAA) y derivó en un breve cierre del aeropuerto y del espacio aéreo regional.
De acuerdo con más de media docena de fuentes, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, sorprendido por la operación sin autorización formal y preocupado por la seguridad pública, determinó cerrar el espacio aéreo por diez días.
La decisión fue considerada extraordinaria y tomó por sorpresa tanto a la comunidad aeronáutica como a autoridades locales.
El episodio abre un nuevo frente de tensión entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y los reguladores de aviación civil, en un momento donde la seguridad aérea y la coordinación interinstitucional se mantienen bajo la lupa pública.


