Ante Tribunal Supremo, directiva del parlamento catalán

Los cinco diputados catalanes que integraban la Mesa del Parlamento
cuando se votó la resolución de independencia unilateral, el pasado 27
de septiembre, comparecen hoy ante el Tribunal Supremo para responder
por los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación y
cohecho.

Se trata de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de Lluís
Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Lluís Guinó.

Tras la declaración, el alto tribunal adoptará al menos dos decisiones
que podrían ser cruciales para el futuro inmediato del conflicto: si
adopta o no medidas cautelares, entre ellas la prisión incondicional,
y, la segunda, si finalmente decide asumir toda la causa abierta sobre
el proceso, incluida la que afecta al gobierno catalán cesado y que
está siendo juzgado en la Audiencia Nacional.

Con tensión en las calles, por los grupos antagónicos que se
manifestaron a las puertas del Tribunal Supremo, alrededor de las 9:15
de la mañana fueron llegando a la sede judicial los parlamentarios
catalanes, que al tener la condición de aforados por pertenecer a la
Diputación Permanente tienen que ser juzgados en este órgano.

Con gritos de “no tenemos miedo” e “independencia” por un lado, y de
“golpistas a prisión” y “no nos engañan, Cataluña es España”, por
otro, los diputados catalanes entraron al juzgado acompañados de sus
abogados.

A diferencia de los nueve miembros del gobierno que comparecieron la
semana pasada ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que
decidieron no contestar a las preguntas de la Fiscalía, los diputados
catalanes cambiaron esa estrategia y decidieron responder a todos los
cuestionamientos planteados en el tribunal.

Esta decisión podría ser vital para la adopción o no de medidas
cautelares como la prisión incondicional, en la que se tiene en cuenta
la gravedad de los delitos por los que están imputados, el riesgo de
fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración del delito.

De los cinco diputados que comparecen ante el Tribunal Supremo, todos
menos Joan Josep Nuet -del grupo Cataluña sí que es pot- votaron a
favor de la resolución de independencia.

Sin embargo, la causa abierta contra este diputado está basada en el
supuesto de que sí apoyó la moción, con lo que su abogado impugnó y es
muy probable que se tome en cuenta de cara a su futuro judicial. En
cualquier caso, el resto de los imputados se enfrentan a un proceso
judicial con delitos de extrema gravedad que les podrían sumar penas
de hasta 50 años de cárcel a cada uno.

En los últimos días ha aumentado la probabilidad de que el Tribunal
Supremo asuma toda la causa, con lo que incorporaría el trabajo hecho
en la Audiencia Nacional que afecta al gobierno cesado, de cuyos
miembros ocho están en prisión, incluido el ex vicepresidente y líder
de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras.

El ex mandatario catalán, Carles Puigdemont, se encuentra refugiado
junto con otros cuatro consejeros en Bruselas, donde está a la espera
de que la justicia belga decida si los entrega o no al Estado español,
en un proceso que se podría demorar hasta 45 días.

La diputada de la CUP Gabriela Serra señaló que espera que se haga
justicia y que el Tribunal Supremo «sea un poder realmente
independiente del poder político, del régimen del señor Rajoy y poder
volver a casa con nuestra gente».

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