Por: Raúl S. Llamas
Laredo, Texas.— El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, solicitó al gobierno federal estadounidense suspender de inmediato la colocación de nuevas barreras flotantes en el río Bravo, luego de que por segunda ocasión en cuatro meses numerosas boyas de seguridad fronteriza se desprendieron de sus anclajes y algunas terminaran del lado mexicano.
“Tratamos de negociar con el gobierno, pero creo que está incumpliendo con su responsabilidad”, declaró Treviño, quien advirtió que estas estructuras representan riesgos para el cauce natural del río, el abastecimiento de agua potable y las operaciones comerciales entre Laredo y Nuevo Laredo.
El nuevo incidente quedó documentado mediante fotografías y videos difundidos por ciudadanos de ambos países, donde se observan las barreras anaranjadas fuera de su posición original, arrastradas por la corriente del río Bravo.
La situación revive lo ocurrido en julio pasado, cuando las intensas lluvias desprendieron cientos de boyas instaladas en la región de Eagle Pass, que fueron arrastradas aproximadamente 160 kilómetros río abajo hasta Laredo.
En aquella ocasión, las estructuras y otros materiales quedaron acumulados en las inmediaciones de los puentes internacionales, provocando afectaciones al comercio exterior y gastos adicionales para las autoridades locales y estatales.
Treviño sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), funcionarios mexicanos y colaboradores del congresista federal Henry Cuellar, para analizar las posibles consecuencias ambientales e hidráulicas de estas instalaciones.
Entre las principales preocupaciones destaca que las barreras puedan modificar las corrientes naturales del río Bravo y favorecer la formación de bancos de sedimentos e islas, alterando progresivamente el cauce fronterizo.
“A medida que las islas crecen, pueden modificar aún más el flujo del río y los lugares donde se acumulan ramas, basura y otros desechos”, señaló el alcalde en un informe posterior al encuentro.
Otra de las solicitudes planteadas ante la CILA fue realizar una evaluación técnica para determinar si las boyas representan algún riesgo para las tomas de captación de agua que abastecen a Laredo y Nuevo Laredo.
“Ese es un asunto de salud pública”, advirtió Treviño al referirse a la importancia de proteger el suministro de agua potable para ambas comunidades fronterizas.
De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el proyecto contempla instalar 533 millas de barreras flotantes a lo largo del río Bravo, equivalentes a aproximadamente 858 kilómetros.
Los datos difundidos por la dependencia señalan que 83 millas ya fueron concluidas y otras 444 se encuentran en proceso de construcción.
El programa forma parte de una asignación presupuestal de 46 mil millones de dólares aprobada por el Congreso estadounidense para infraestructura de seguridad fronteriza, que incluye muros, caminos de acceso, sistemas de vigilancia y barreras fluviales.
El alcalde cuestionó la necesidad de ampliar estas instalaciones cuando, según afirmó, los cruces migratorios irregulares registran niveles históricamente bajos.
La controversia adquiere especial relevancia para la región de los Dos Laredos, donde el río Bravo constituye una fuente fundamental de abastecimiento de agua y forma parte de la infraestructura natural que sostiene las actividades comerciales y la relación binacional.
Mientras las autoridades analizan los posibles efectos de las barreras, el gobierno municipal de Laredo mantiene su petición de detener nuevas instalaciones hasta contar con evaluaciones que garanticen la seguridad hidráulica, ambiental y sanitaria de ambas ciudades.


