Por: Dan Llamas
Ciudad de México. — El Gobierno federal anunció nuevas disposiciones para obligar a las plataformas digitales a reforzar sus mecanismos de protección a niñas, niños y adolescentes, mediante la eliminación de contenidos violentos, restricciones de acceso por edad y herramientas de supervisión parental.
«El objetivo es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar un decreto que busca impedir la exposición de menores a publicaciones que promuevan conductas violentas o representen riesgos para su integridad.
La iniciativa contempla que las empresas tecnológicas identifiquen y retiren contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo, explotación sexual, acoso escolar, ciberbullying, autolesiones, suicidio, trastornos alimenticios y material sexual explícito.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida responde, entre otros antecedentes, a los acontecimientos violentos registrados recientemente en Coahuila, que reabrieron el debate sobre la influencia de las redes sociales en el comportamiento de menores de edad.
Sheinbaum señaló que la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones trabajan en los últimos detalles del documento, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación está prevista para la próxima semana.
Uno de los principales cambios será la obligación de incorporar mecanismos de seguridad desde el diseño de las plataformas, evitando que los algoritmos recomienden contenidos inapropiados a usuarios menores de edad.
También deberán establecer sistemas de clasificación por edades, controles parentales, canales para denunciar publicaciones peligrosas y configuraciones de privacidad reforzadas de manera predeterminada.
Obligaciones para las plataformas
El decreto contempla una mayor coordinación entre las empresas digitales y las autoridades encargadas de investigar delitos.
Entre las disposiciones destaca la obligación de mantener un enlace disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Asimismo, las compañías deberán preservar y proporcionar evidencia digital cuando sea requerida legalmente, además de alertar inmediatamente a las autoridades cuando detecten contenidos que representen amenazas contra la vida.
Las disposiciones alcanzarán a plataformas que permitan la comunicación, interacción, publicación y distribución de contenidos entre usuarios.
Prevención desde las escuelas
La estrategia federal también contempla acciones educativas dirigidas a estudiantes, docentes y familias.
La Presidenta destacó que el programa El ABC de las emociones proporciona herramientas para atender la salud mental y promover un uso responsable de las tecnologías digitales.
Como parte de estas actividades, los planteles de tercer grado de secundaria y educación media superior destinan una hora semanal, los lunes, al tratamiento de temas relacionados con las emociones.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal, hasta ahora se han realizado 35 mil 458 asambleas con madres y padres de familia para abordar la prevención de la violencia y los riesgos asociados al entorno digital.
También se contempla fortalecer la difusión de la Línea de la Vida, disponible en el número 800-911-2000, como mecanismo de orientación y apoyo.
Analizan nuevas regulaciones
Además de las obligaciones previstas en el decreto, la Consejería Jurídica deberá instalar una mesa de trabajo para estudiar posibles modificaciones legales que permitan ampliar la protección de menores en internet.
La intención es determinar si las disposiciones administrativas resultan suficientes o si será necesario impulsar una legislación específica para regular determinados contenidos y responsabilidades de las plataformas.
Con estas medidas, el Gobierno federal busca establecer nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas que operan en México, particularmente en materia de prevención, vigilancia de contenidos y colaboración con las autoridades.
El alcance definitivo de las disposiciones, así como los mecanismos para exigir su cumplimiento, quedarán sujetos al texto que se publique oficialmente en el Diario Oficial de la Federación.
