Por: Redacción
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció su postura frente a Estados Unidos ante las sanciones y señalamientos de Washington contra políticos y ex funcionarios mexicanos, en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos por la estrategia contra el narcotráfico.
“Los mexicanos no queremos injerencias, intervencionismo ni violaciones de nuestra integridad territorial”, advirtió la mandataria durante un mitin realizado el pasado 27 de septiembre en el Zócalo capitalino.
De acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal, Sheinbaum ha comenzado a mostrar mayor resistencia ante las acciones de la Administración del presidente Donald Trump, después de un periodo en el que la cooperación bilateral en seguridad ocupó un lugar prioritario.
El diario estadounidense reportó que la Presidenta confrontó la semana pasada a integrantes de su gabinete de seguridad por la estrategia seguida ante las sanciones estadounidenses y el congelamiento de cuentas de mexicanos señalados por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa.
Entre ellos aparece Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien el Departamento del Tesoro acusa de utilizar su influencia política para facilitar actividades del cártel y protegerlo de acciones gubernamentales y policiales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sancionó el 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas dentro de una operación dirigida contra dirigentes, facilitadores y redes financieras vinculadas, según Washington, con el Cártel de Sinaloa.
También fueron incluidos Luis Torres, hermano de Carlos Torres; Rafael Buenrostro Martin, ex funcionario que se desempeñó como agente aduanal en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California, y Pedro Ariel Mendivil García, ex director de Seguridad Pública de Mexicali. El Departamento del Tesoro atribuye a los señalados distintas funciones dentro de una presunta red de protección y financiamiento.
México procedió al bloqueo preventivo de cuentas relacionadas con las designaciones estadounidenses, aunque Sheinbaum ha insistido en que una sanción de Washington no constituye, por sí sola, prueba suficiente para establecer responsabilidad penal en territorio mexicano.
El episodio refleja, según The Wall Street Journal, un cambio en el tono de la relación entre Palacio Nacional y Washington, marcado ahora por una defensa más enfática de la soberanía mexicana frente a las operaciones estadounidenses contra los cárteles.
Sheinbaum también puso distancia entre los señalamientos de la OFAC y las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas.
El pasado 30 de septiembre explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó irregularidades en diversas cuentas, pero aclaró que eso no permite establecer automáticamente nexos con organizaciones criminales.
“Eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, afirmó la Presidenta.
La mandataria precisó que algunas de las personas sancionadas ya tenían carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General de la República, aunque no ocurre así en todos los casos.
El nuevo escenario abre otro frente en la compleja relación México-Estados Unidos: mantener la cooperación bilateral contra el narcotráfico sin aceptar que las acusaciones formuladas desde Washington sustituyan las investigaciones y procedimientos de las instituciones mexicanas.
