Por: Jesús Quintero Seoane
Con motivo del caso de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras las sanciones anunciadas por autoridades estadounidenses contra él y empresas relacionadas con una presunta red de lavado vinculada al crimen organizado, hay una pregunta que deberíamos hacernos:
¿cómo puede un gobierno, independientemente de la relación marital en este caso, afirmar que no sabía lo que hacía su exesposo cuando al mismo tiempo, existen instancias de gobierno, tanto estatales como federales, cuya razón de ser es precisamente obtener, procesar y advertir sobre información que pueda poner en riesgo no solo la seguridad pública sino también la seguridad nacional?.
Bajo estos supuestos podemos sumar otros casos más que resultan paradigmáticos: el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, integrante del cártel “La Barredora”, y Adán Augusto López que repite “que no sabía”, tanto cuando era gobernador de Tabasco como cuando era ya secretario de Gobernación.
O el caso de Moya Rocha. ¿Pasó desapercibida para López Obrador y las Secretarías de la Defensa y de Seguridad Ciudadana su relación con el cártel de Sinaloa? O el reciente caso de Juchitán en Oaxaca en donde el Gobernador Jara, según su dicho, no estaba enterado de las andanzas del presidente municipal, y ahora, simplemente se desliga de él.
Si las instancias de inteligencia existen, y conforman todo un sistema institucional a nivel de Estado, la pregunta es: ¿quién recibe sus alertas? ¿quién las procesa y qué decisiones se toma con ellas? o ¿quién decidió no actuar?
Estas instancias de inteligencia tienen funciones expresas para recopilar, analizar y convertir información en un recurso útil para prevenir y combatir delitos.
Por eso, cada nuevo escándalo, como es ahora el del huachicol fiscal, la responsabilidad de la Marina, los asesinatos y la “desaparición” del exsecretario Ojeda Durán (“nadie” sabe dónde se encuentra) obliga a formular la misma pregunta: ¿estamos ante información que nunca llegó al poder, información llegó tarde o información que llegó y no fue atendida?
Cuando un gobierno responde repetidamente “yo no sabía”, el cuestionamiento se centra sobre la eficacia de todo el sistema y mecanismos del servicio de inteligencia del Estado, que debe impedir que quienes tiene el poder de gobernar, no gobierne a ciegas.
Si la información nunca llega al gobernante, tenemos un problema de inteligencia.
Si llega y nadie la interpreta correctamente, tenemos un problema institucional.
Y si llega, se conoce y no se actúa, entonces el problema ya no es de inteligencia, es de incompetencia y complicidad.
El cuestionamiento es: sí existen sistemas de inteligencia, informes militares, fiscalías, unidades financieras de investigación y organismos de seguridad y, pese a todo ello, las máximas autoridades terminan diciendo “que no sabían”.
Entonces la pregunta se vuelve a repetir y repetir: ¿para qué sirven los sistemas de inteligencia si la presidenta, los gobernadores, sus órganos de seguridad y las instituciones federales tampoco pudieron advertir lo que ocurría?, esta replica “de no sabía” o es ingenuidad, o es una tremenda incompetencia, o lo que sería más grave: complicidad.
Usted ¿qué opina?
