Por: Fabián G.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, desató un movimiento ciudadano que impulsa la denominada Ley Dafne, una iniciativa que busca establecer controles estrictos sobre academias militarizadas privadas, internados y campamentos con disciplina de tipo castrense que actualmente operan con escasa supervisión.
«No queremos más condolencias ni discursos vacíos; exigimos justicia real y que caigan los responsables. Yo entregué a mi hija viva, sana y con ilusión, y en pocos días me la arrebataron bajo métodos de tortura que disfrazan de disciplina», expresó Alejandra Quintos, madre de la menor, durante una movilización en la que reiteró el llamado a castigar a los responsables y evitar que se repitan casos similares.
El caso ocurrió en julio de 2026, cuando la adolescente participaba en un campamento de verano organizado por la institución ubicada en el sur de Tamaulipas. Inicialmente, los responsables informaron a la familia que la menor presentaba síntomas de deshidratación; poco después notificaron su fallecimiento.
Sin embargo, la necropsia y los peritajes ministeriales concluyeron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y documentaron lesiones compatibles con violencia física, lo que llevó a familiares y colectivos de derechos humanos a exigir que la investigación se conduzca bajo el protocolo de feminicidio y no únicamente como un homicidio culposo.
Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las carpetas de investigación, organizaciones civiles han cuestionado la lentitud en las detenciones y demandan que no exista impunidad para directivos e instructores presuntamente involucrados.
Como respuesta, legisladores y organizaciones sociales promueven la Ley Dafne, un paquete de reformas que contempla modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Protección Civil, la Ley de Salud y el Código Penal, además de crear una Ley de Campamentos de Verano.
Entre las propuestas destacan la creación de un padrón estatal obligatorio de academias e internados con actividades militarizadas, inspecciones permanentes de seguridad y protección civil, la prohibición expresa de novatadas, castigos físicos y cualquier forma de tortura, así como sanciones penales y la revocación de permisos para las instituciones que incumplan la normativa.
El caso de Dafne también reavivó el debate sobre otros hechos similares registrados en el país, como la muerte del adolescente Erick Leonardo Terán Torbellín, ocurrida en 2025 durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, lo que ha fortalecido la exigencia de establecer una regulación nacional para este tipo de centros.
Mientras la iniciativa continúa su análisis en el Congreso de Tamaulipas, colectivos ciudadanos mantienen la presión para que la legislación avance y se convierta en un precedente que fortalezca la protección de niñas, niños y adolescentes frente a abusos cometidos bajo el argumento de la disciplina militarizada.
