La CNTE: Cuando la Presión ya no es Excepción Sino Regla

28 Jun 2026 | Opinión

Por: Jesus Quintero Seoane

Una vez más, la historia se repitió.

Después de semanas de bloqueos, plantones, episodios de violencia y afectaciones a la vida pública nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantó su protesta.

Las calles volvieron a una normalidad relativa, el Mundial de Futbol se está llevando a cabo sin las interrupciones que algunos anticipaban y con éxito por qué no decirlo, evento que la propia CNTE amenazo al decir que el “balón no rodaría”.

Se cerró, por ahora, otro capítulo de un conflicto que parece repetirse periódicamente con una precisión casi matemática. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿quién ganó realmente esta confrontación?

La respuesta pareciera evidente. Una vez más, la CNTE demostró que actuando como grupo de presión sigue siendo un mecanismo eficaz para sentar al gobierno a la mesa y obtener concesiones como ningún otro grupo del magisterio.

Trascendió que el gobierno autorizo una bolsa cercana a los 800 millones de pesos destinada a Oaxaca.

El gobierno federal rechazó que ese dinero hubiera sido entregado a la Coordinadora como producto de la negociación y sostuvo que son recursos para plazas docentes, equipamiento escolar y programas institucionales de educación.

La explicación oficial puede ser correcta desde el punto de vista de cumplir objetivos institucionales de la educación, sobre todo en estados con rezago educativo; pero -ese maldito pero- dice que en política las percepciones también cuentan.

Para buena parte de la opinión pública, la bolsa de 800 millones coincidió con el levantamiento del plantón, liberación de calles, y reforzó la idea de que la presión de la CNTE, ahora aprovechando el Mundial de futbol, volvió a rendir frutos.

En una democracia, el derecho a la protesta es legítimo y constituye un instrumento indispensable para exigir atención a demandas sociales.

Pero ese derecho no puede verse de manera aislada.

También existe el derecho de millones de personas a transitar libremente, trabajar, desarrollar actividades económicas y, sobre todo, el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación de manera continua y de calidad.

Durante el conflicto, los principales afectados no fueron los dirigentes sindicales ni los funcionarios sentados en la mesa de negociación.

Fueron los ciudadanos que enfrentaron bloqueos y daños patrimoniales, y los estudiantes que volvieron a perder clases. Diversos reportes estimaron que más de un millón de alumnos resultaron afectados en entidades como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Guerrero principalmente.

En un país que aún intenta recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia del COVID, cada semana sin clases amplía una brecha educativa que será difícil cerrar, así digan los maestros disidentes que van a recuperar los tiempos perdidos, que podrán recuperarse, pero no así la calidad educativa.

El problema de fondo trasciende incluso a la CNTE. Lo verdaderamente preocupante es el incentivo que el propio Estado puede estar generando.

Cuando los conflictos concluyen con concesiones obtenidas después de movilizaciones que paralizan ciudades, el mensaje para cualquier organización social resulta evidente: la vía institucional parece menos eficaz que la presión en las calles.

Ese precedente debilita la confianza en las instituciones y alimenta la idea de que la capacidad de negociación depende de la posibilidad de alterar la gobernabilidad.

De ejercer presión en las calles.

Es ya común ver constantemente el cierre de avenidas, calles y casetas carreteras por causas que sin duda podrán ser justas pero que muestran en el fondo que la presión es más eficaz por la falta de respuesta oportuna del gobierno ya sea federal o local.

Al final, la CNTE regresará a las aulas, el gobierno afirmará que privilegiaron el diálogo y la agenda pública pasará al siguiente tema.

Lo que permanecerá será una pregunta incómoda: ¿qué aprendió el país de este episodio?

Si la lección es que bloquear, resistir y presionar sigue siendo el camino más corto para obtener respuestas, entonces el mayor daño no habrá sido económico ni político.

Habrá sido institucional. Y ese costo, como ocurre con frecuencia, terminará pagándolo la sociedad entera.

La presión para resolver condiciones sociales está convirtiendo la excepción en la regla.

Usted ¿qué opina?

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