Por: Jesús Quintero Seoane
La traición a la patria es uno de los delitos más graves en cualquier ordenamiento jurídico y de cualquier país.
Históricamente, se ha reservado para actos que ponen en riesgo la soberanía, la independencia o la integridad territorial de un Estado.
Sin embargo, en México, este concepto se está utilizado con fines políticos, como lo demuestra el caso de las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua. Un gobierno de oposición.
En la historia mexicana, la traición a la patria ha sido un término cargado de simbolismo y polémica.
Antonio López de Santa Anna fue señalado como traidor tras la pérdida de Texas y la derrota frente a Estados Unidos en 1847.
O cuando un grupo de mexicanos de los llamados conservadores, conforme a su ideología y pensando que le hacían un bien a México, buscaron en Europa un Emperador.
En el ámbito internacional, la traición a la patria también ha sido un concepto de enorme peso y simbolismo, sobre todo en tiempo de guerra.
La Constitución de nuestro país, no define la traición a la patria, sino que establece principios generales de soberanía y seguridad nacional.
La tipificación concreta está en el Código Penal Federal, en sus artículos 123 a 126, que establecen que la traición a la patria implica actos como entregar secretos militares a potencias extranjeras, facilitar una invasión, promover la desintegración territorial o participar en actos bélicos contra México bajo órdenes de otro Estado, entre otros supuestos.
Las acusaciones relacionadas con corrupción administrativa o política, disputas políticas internas o diferencias de gestión no encajan en esta definición.
En este contexto, es pura politiquería y un despropósito las acusaciones de traición a la patria contra la gobernadora de Chihuahua que parecen más un recurso retórico de distracción que un encuadre jurídico sólido, ante la andanada de sucesos recientes que enturbian al llamado movimiento de la 4T: lo de la acusación de EU contra Moya Rocha y 9 más (que ya se sabe que hay Ficha Roja del Interpol), el fallido cambio irresponsable del calendario escolar, la violencia que no termina de bajar, los pueblos desplazados en Guerrero, por citar algunos ejemplos.
No existe evidencia de colaboración del gobierno de Chihuahua con potencias extranjeras que comprometan la integridad territorial o algunos de los supuestos que regula el Código Penal Federal.
Lo que existe, en cambio, es un ambiente político polarizado, cargado de tensiones rumbo a las elecciones de 2027, donde el uso del término “traición a la patria” funciona como un arma discursiva oportunista para deslegitimar a un gobierno de oposición.
La propia presidenta de Morena, Ariadna Montiel, declaró en un absurdo que “no se trata de un tema político”, pero al mismo tiempo, de manera desatinada, su partido llevo a cabo a una manifestación en Chihuahua y promover un juicio político contra la gobernadora.
Una evidente contradicción, al decir que no se trata de un tema político, pero convoca a una marcha que por su naturaleza es un acto político y diríamos que, en este contexto, es totalmente político.
Esta contradicción revela cómo un concepto jurídico de máxima gravedad y simbolismo histórico para nuestro país, se convierte en consigna electoral de distracción pública, más que en un delito jurídicamente sustentado.
Por un lado, se banaliza el delito de “traición a la patria”, que debiera reservarse para situaciones excepcionales, y con ello se diluye su fuerza simbólica y jurídica; y, por otro lado, se erosiona la credibilidad pues la ciudadanía percibe que la justicia se utiliza como herramienta electoral, lo que debilita la confianza en el Estado de derecho.
La traición a la patria, en consecuencia, corre el riesgo de perder su sentido simbólico, histórico y jurídico para transformarse en un simple recurso de campaña banal, que la lamentablemente la presidenta Sheinbaum avala, al decir que la marcha del Partido Morena contra la Gobernadora de Chihuahua para juzgarla por traición a la patria es una decisión del Partido, pues este es autónomo.
Si, autónomo sin duda. El resultado es, un debilitamiento del Estado de derecho, de la credibilidad institucional y una continua banalización de conceptos como soberanía nacional y ahora de traición a la patria.
¿Usted qué opina?


