Por: Dan Llamas
Ciudad de México.- El senador sinaloense Enrique Inzunza fijó postura frente a los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico provenientes de autoridades de Estados Unidos y dejó en claro que no se separará de su cargo, al considerar que no existen elementos que justifiquen una decisión de esa naturaleza.
«De ser necesario, acudiré a cualquier instancia mexicana para esclarecer los hechos”, expresó el legislador a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde también reiteró su disposición a colaborar con las autoridades nacionales.
En su posicionamiento, el integrante de Morena sostuvo que su encomienda como representante popular emana directamente del voto ciudadano en Sinaloa, subrayando que su desempeño en el Senado se rige por principios de legalidad, integridad y respeto al marco constitucional.
Como parte de su defensa, Inzunza destacó su trayectoria de más de dos décadas dentro del Poder Judicial de Sinaloa, donde ocupó cargos relevantes, incluyendo la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia durante cerca de once años.
Las acusaciones en su contra fueron incluidas en un expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se le vincula presuntamente como intermediario entre integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos” y el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con dicha investigación, el senador habría fungido como canal de comunicación entre líderes del grupo criminal y el mandatario estatal, en el contexto de acuerdos relacionados con procesos electorales y supuestos apoyos políticos.
El documento también sostiene que tanto Inzunza como Rocha Moya habrían sostenido encuentros con integrantes del cártel para definir estrategias de colaboración, en un esquema que implicaría beneficios mutuos, versión que el legislador ha rechazado de manera categórica.
El caso se desarrolla en paralelo a la decisión de Rocha Moya de solicitar licencia temporal a la gubernatura, en medio de indagatorias abiertas por la Fiscalía General de la República, lo que mantiene el foco político y judicial sobre Sinaloa en el ámbito nacional e internacional.


