Aprueban Diputados Recorte a Gasto Político

9 Abr 2026 | Nacional

Por: Dan Llamas

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México dio luz verde a una reforma constitucional enfocada en compactar el gasto público de órganos electorales, congresos estatales y ayuntamientos, en una jugada que prioriza la eficiencia presupuestaria, pero que dejó fuera uno de los componentes más sensibles de la agenda presidencial: el adelanto de la revocación de mandato.

«Este paquete representa un paso firme hacia un modelo de austeridad institucional que elimina excesos y alinea el gasto con las prioridades nacionales”, sostuvieron legisladores del bloque mayoritario durante la discusión en tribuna.

Tras más de doce horas de debate continuo, la coalición encabezada por Morena logró capitalizar su ventaja legislativa y aprobó el dictamen con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, consolidando lo que se ha denominado como el “Plan B” de la reforma electoral.

El nuevo marco normativo redefine parámetros clave de operación: los congresos locales deberán operar con un techo máximo del 0.7 por ciento de sus presupuestos estatales; los cabildos municipales verán reducida su integración hasta un límite de quince regidores; y los salarios en organismos como el Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales no podrán superar el ingreso de la titular del Ejecutivo federal.

Además, el Senado de la República deberá implementar un ajuste progresivo del quince por ciento en su gasto operativo en un plazo de cuatro años, como parte de una estrategia de disciplina financiera de mediano plazo.

En el análisis de impacto, especialistas advierten que, si bien la reforma fortalece el discurso de austeridad, su alcance operativo es limitado frente a desafíos estructurales del sistema electoral, como el financiamiento partidista y la violencia política, fenómeno que dejó 284 víctimas en el último año, de acuerdo con reportes de la organización Data Cívica.

El proceso legislativo refleja una evolución estratégica. La propuesta original impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contemplaba una reingeniería más profunda: reducción de financiamiento a partidos, eliminación de senadurías plurinominales y regulación de inteligencia artificial en campañas.

Sin embargo, la falta de alineación con aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde obligó a rediseñar el proyecto, derivando en una versión acotada que prioriza ajustes administrativos sobre transformaciones estructurales.

Uno de los puntos de mayor fricción —el adelanto de la revocación de mandato a 2027— fue finalmente descartado tras presiones internas, manteniéndose el calendario constitucional que establece su realización a mitad del sexenio, es decir, en octubre de 2027.

El dictamen ahora entra en fase de validación por los congresos estatales, un paso crítico para su promulgación y entrada en vigor, en lo que representa una jugada de control de costos con implicaciones políticas aún en desarrollo.

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