Por: Dan Llamas
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral perfila un ajuste estratégico en su marco regulatorio al iniciar este martes la discusión de lineamientos para contener los actos anticipados de campaña de cara a la elección federal de 2027, en un contexto institucional marcado por tres vacantes en su Consejo General.
«Se estima necesario que este Consejo emita lineamientos para evitar una posible inequidad en la contienda electoral y salvaguardar el principio de equidad de forma idónea y proporcional”, establece la propuesta impulsada por el consejero Arturo Castillo, la cual busca cerrar brechas regulatorias detectadas en procesos recientes.
El documento, de 32 páginas, retoma aprendizajes operativos de 2023, cuando Morena adelantó su dinámica interna rumbo a la sucesión presidencial, generando precedentes en materia de fiscalización y competencia electoral.
En términos de gobernanza electoral, el proyecto establece controles más estrictos en promoción política, limita la participación de servidores públicos y fija topes financieros para aspirantes y partidos, con el objetivo de blindar la equidad en la contienda.
Uno de los focos rojos identificados por la autoridad es la proliferación de figuras como “coordinadores” o “defensores”, utilizadas por al menos dos partidos para posicionar perfiles fuera de los tiempos legales, lo que representa un riesgo reputacional y operativo para el proceso democrático.
La propuesta subraya que los lineamientos serán aplicables a cualquier actividad orientada a construir posicionamiento político rumbo a 2027, incluyendo acciones de partidos, organizaciones ciudadanas y aspirantes individuales, incluso antes del arranque formal del proceso en septiembre.
En el frente mediático, el INE plantea restricciones claras: los partidos no podrán utilizar sus tiempos en radio y televisión para promover perfiles específicos, debiendo mantener mensajes institucionales sin sobreexposición de aspirantes.
Asimismo, se establece una política de cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines de promoción personalizada. Los servidores públicos deberán abstenerse de participar en estos procesos para evitar distorsiones en la competencia.
Como parte del enforcement, la autoridad electoral podrá certificar y ordenar el retiro inmediato de propaganda en espectaculares, transporte público y bardas, fortaleciendo su capacidad de reacción ante posibles desviaciones.

En materia de compliance financiero, la Unidad de Fiscalización implementará un esquema específico para rastrear el origen de los recursos utilizados, mientras que los topes de aportaciones se fijan en tres millones 300 mil pesos para participantes y 826 mil 223 pesos para simpatizantes, alineados con parámetros previos de precampaña.
Con este movimiento, el INE busca anticiparse a escenarios de simulación política y consolidar un terreno de juego más equilibrado, en una elección que desde ahora comienza a perfilarse como altamente competitiva.


