Por: Dan Llamas
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a un cálculo político la decisión de frenar la figura de revocación de mandato incluida en su propuesta de reforma electoral, al sostener que diversas fuerzas temieron un impacto en las urnas si su nombre aparecía en la boleta de 2027.
«Desde mi perspectiva, había temor de que si la Presidenta aparecía en la boleta, algunos partidos obtuvieran más votos que otros”, expresó durante su conferencia matutina, al referirse al debate legislativo que dejó fuera ese componente del proyecto.
La mandataria explicó que la intención de su iniciativa no era imponer la revocación en automático, sino abrir el abanico para que pudiera realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, siempre sujeta a la recolección de firmas ciudadanas.
Ese esquema —dijo— buscaba fortalecer los mecanismos de participación, pero no logró consenso.
El punto fue desechado en el Senado tras la votación del pleno, donde la propuesta avanzó sin el apartado de revocación.

Con 87 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, frente a 41 en contra de la oposición, el dictamen mantuvo únicamente ajustes estructurales en materia de gasto y organización institucional.
Entre los cambios aprobados destacan el establecimiento de un tope de 15 regidurías en ayuntamientos, la limitación del gasto de los congresos locales a 0.70 por ciento del presupuesto estatal, así como la eliminación de prestaciones adicionales para consejeros del INE, magistrados y funcionarios de organismos electorales locales.
También se avaló una reducción progresiva del 15 por ciento al presupuesto del Senado.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum calificó como una decisión negativa para el país el haber descartado la revocación en 2027 y anticipó que será la ciudadanía quien evalúe el comportamiento de los partidos en este tema.

En paralelo, dejó abierta la puerta para retomar en una fase posterior de su administración el impulso a esquemas de democracia participativa a nivel local, incluyendo consultas ciudadanas en municipios y estados, con el apoyo de herramientas digitales para reducir costos y ampliar la participación.
El episodio marca un ajuste relevante en la ruta del llamado “Plan B” electoral, que avanzó en lo operativo, pero dejó fuera uno de los componentes políticos más sensibles del paquete impulsado desde el Ejecutivo federal.


