Por: Dan Llamas
Ciudad de México.- Morena y el Partido del Trabajo (PT) mantienen una negociación de alta presión para destrabar la aprobación de la segunda propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo, en un escenario donde los acuerdos aún no alcanzan el punto de equilibrio político necesario.
«No van a soltar el dictamen ahorita sino hasta último momento porque el PT está pidiendo una condición”, reveló una fuente legislativa, al anticipar que el cierre de filas dependerá de concesiones clave en temas sensibles de la iniciativa.
Como señal de la falta de consenso, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado retrasaron una hora la sesión programada para este día, en la que se prevé dictaminar el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Previo al arranque formal, legisladores del PT sostendrán un nuevo encuentro con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, con el objetivo de alinear posturas en torno a uno de los puntos más controvertidos: la revocación de mandato.
El eje del desacuerdo radica en la intención de permitir que los partidos políticos puedan promover la consulta de revocación, y no únicamente la titular del Ejecutivo Federal, lo que, en opinión del PT, podría generar ventajas competitivas desproporcionadas para Morena.
Adicionalmente, la iniciativa plantea que la presidenta —y futuros mandatarios— puedan realizar campaña para incentivar el voto a su favor durante dicho ejercicio, lo que ha encendido alertas entre aliados que consideran que esta disposición podría distorsionar la equidad electoral.
Otro frente de fricción es el calendario de la revocación. Mientras la propuesta abre la posibilidad de realizarla en junio del tercer o cuarto año de gobierno, el PT advierte que adelantarla podría introducir un factor de inestabilidad política en la administración federal.
En paralelo, existe coincidencia parcial en la intención de limitar el presupuesto de los congresos locales, aunque el PT ha solicitado revisar a fondo los criterios que establecen mínimos y máximos de regidores en función de la población municipal.
El tablero legislativo se mantiene abierto, con una negociación que avanza bajo lógica de “último minuto”, donde cada ajuste puede redefinir el balance político de una reforma que impactará directamente en las reglas del juego electoral en México.


