El Impuesto Invisible por Ser Mujer : Menstruación, Justicia y Desigualdad

8 Mar 2026 | Opinión

Por: Jesús Quintero Seoane

Cada 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, se habla de brechas salariales, violencia, feminicidios, equidad de género y participación política.

Sin embargo, existe una desigualdad cotidiana que no ocupa titulares, que no trasciende y que muy pocos conocen: el costo de menstruar.

Para millones de mujeres, menstruar es un problema de salud, social y económico.

En México, más de 38 millones de mujeres y niñas menstrúan durante aproximadamente 35 años de su vida. Durante ese tiempo, deben adquirir productos de higiene menstrual de manera constante.

Diversos estudios de organismos como UNICEF y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estiman que una mujer puede gastar entre 25 mil y 50 mil pesos a lo largo de su vida en estos productos.

Para algunos hogares esta cifra puede parecer manejable; para millones de familias con ingresos limitados, representa una carga permanente.

Un gasto inevitable que, en términos simples, representa un costo asociado únicamente a su condición biológica, ser mujer.

Las consecuencias no son menores. Investigaciones citadas por UNICEF indican que cerca del 40 por ciento de las adolescentes en México ha faltado alguna vez a la escuela durante su periodo menstrual.

La razón no siempre es médica o de salud, sino económica: no contar con productos adecuados o con condiciones sanitarias suficientes.

La llamada “pobreza menstrual” no es un concepto abstracto, sino una realidad que afecta la salud, la educación y la dignidad de millones de mujeres.

Ante esta realidad, en 2022, en nuestro país, el Congreso de la Unión eliminó el IVA en productos como toallas sanitarias y tampones con el objetivo de reducir su precio y facilitar su acceso.

Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la medida representa alrededor de seis mil 700 millones de pesos anuales que el Estado deja de recaudar, una cantidad relativamente pequeña dentro del presupuesto nacional si se compara con el impacto social que puede generar.

Sin embargo, el debate sigue abierto.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una solicitud de Walmart que buscaba ampliar ese beneficio fiscal a más productos de higiene íntima femenina.

El tribunal argumentó que la petición respondía a intereses económicos empresariales y no a una verdadera causa social.

El argumento central fue jurídico: la petición provenía de una empresa y no de una representación social legítima.

La decisión es jurídicamente defendible, Pero vista esta desde la realidad cotidiana de millones de mujeres, deja una sensación incómoda y deja una pregunta: ¿quién debe impulsar realmente estas políticas públicas?

Si las empresas no pueden hacerlo por cuestiones de interpretación económica y las organizaciones sociales rara vez tienen los recursos para litigar, el tema corre el riesgo de quedar atrapado entre tecnicismos legales y prioridades o descuidos sociales y políticos.

Existe el riesgo, como está sucediendo, de perder de vista el problema social de fondo. ¿Quién termina pagando las consecuencias de estas decisiones?

No son las empresas ni los tribunales, sino las mujeres; las familias que viven con ingresos limitados y para quienes cada peso cuenta.

Para quienes viven al día, puede significar elegir entre comprar productos de higiene o cubrir otras necesidades básicas.

Ese es el rostro menos visible de la llamada pobreza menstrual: una desigualdad silenciosa que afecta la salud, la educación y la dignidad de millones de mujeres.

Mientras tanto, esos millones de mujeres siguen pagando lo que algunos especialistas llaman “el impuesto invisible de ser mujer”.

No aparece en ninguna ley con ese nombre, pero se manifiesta cada mes en el presupuesto familiar.

También se refleja en decisiones jurídicas concretas que hacen visible las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.

Ignorar el impacto social del acceso a productos menstruales es, en cierto modo, ignorar una parte fundamental de esa desigualdad.

Quizá el Día Internacional de la Mujer sea un buen momento para recordar al gobierno y a los legisladores que la igualdad no solo se discute en grandes discursos o reformas constitucionales.

A veces comienza con algo tan básico y digno —y tan ignorado— como garantizar que ninguna niña, ninguna adolescente falte a la escuela por no poder pagar un paquete de toallas sanitarias o un producto íntimo de higiene.

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