Por: Francisco Medina Guerrero
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Maestros de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de nivel preescolar se manifestaron para exigir transparencia y respeto al debido proceso en torno a la separación de su supervisora, Adriana Cervantes Chiquito, quien fue retirada de sus funciones el pasado 21 de enero mientras se desarrollan indagatorias por presuntos señalamientos de acoso e inconformidades administrativas.
La docente Rosa Barrios Flores, integrante de USAER, fijó la postura del colectivo al señalar: “No estamos en contra de que se realice una investigación, al contrario, estamos abiertos a que se haga, pero consideramos que debe seguirse el protocolo adecuado y que se le permita defenderse”.
La supervisora fue separada del cargo en tanto se desahogan las investigaciones derivadas de señalamientos presentados por algunos directivos; sin embargo, el personal que la respalda sostiene que el procedimiento no ha sido claro ni plenamente apegado a los lineamientos establecidos.

Los docentes afirmaron que no han sido convocados como colectivo para conocer a fondo las acusaciones, por lo que también demandan su derecho a ser escuchados y a participar en un proceso que, aseguran, impacta directamente en su dinámica laboral.
Durante la manifestación, Barrios Flores subrayó que Cervantes Chiquito cuenta con una trayectoria de 37 años de servicio docente y más de 17 años en el cargo de supervisión, coordinando a más de cien integrantes de la zona, lo que —dijo— respalda su experiencia y liderazgo.
Advirtieron que la incertidumbre en torno al proceso está generando afectaciones en el trabajo sustantivo que realizan en materia de inclusión educativa en los jardines de niños, área que consideran estratégica para el desarrollo integral de la niñez.
Finalmente, los manifestantes señalaron que han solicitado reuniones formales con autoridades educativas, incluido el secretario de Educación y representantes sindicales, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta concreta.
El personal reiteró que su demanda central es que se garantice el derecho de audiencia de la supervisora, se respete el debido proceso y se emita una resolución pronta que permita restablecer la certidumbre institucional.


