Por: Jesús Quintero Seoane
No puedo dejar de comentar lo que me parece un exceso del poder del Estado hacia dos trabajadores que quedan prácticamente en una condición de indefensión.
El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico ha puesto en evidencia una estrategia política que, más que buscar justicia, pretende blindar al gobierno de cualquier responsabilidad, en particular al gobierno del expresidente López Obrador.
La decisión de procesar judicialmente a los maquinistas bajo la figura de homicidio culposo y lesiones culposas no solo resulta desproporcionada, sino que revela una recurrencia que debiera preocuparnos: descargar todo el peso del Estado sobre trabajadores de menor rango, mientras se protege a quienes diseñaron, construyeron y supervisaron la obra.
A todas luces, el caso está cuestionado.
En lugar de abrir una investigación amplia y pública que incluya a las empresas constructoras, a los responsables de la supervisión técnica y al propio titular de la Secretaría de Marina, que en el sexenio anterior tuvo bajo su mando la construcción del tren, se opta por criminalizar, literalmente, a los operadores.
Pareciera que se les convierte en chivos expiatorios, invisibilizando las posibles fallas estructurales de la red ferroviaria y las deficiencias en los procesos de planeación, supervisión y ejecución, y su administración.
La narrativa oficial señala culpables inmediatos para evitar cuestionar el modelo de gestión de megaproyectos del sexenio anterior: obras que se inauguran con prisas políticas, bajo discursos populistas, que después exhiben fragilidades técnicas y ecológicas.
El descarrilamiento no es un hecho aislado; es el síntoma de un sistema que privilegia la propaganda política sobre la seguridad y la eficiencia.
Lo hemos visto también con el Tren Maya, que sigue cuestionado en muchos aspectos.
Aquí es donde la dimensión jurídica se vuelve crucial. En el derecho penal mexicano, los delitos se clasifican en dolosos y culposos.
El primero implica una condición de intención de causar daño.
El segundo se refiere a negligencia, imprudencia o falta de cuidado, sin voluntad de causar el daño.
Acusar a los maquinistas de delitos culposos equivale a sostener que el accidente se debió a negligencia en la operación por parte de ellos, lo cual es discutible.
Han salido a la luz varios puntos cuestionables que ponen en duda la certeza y confiabilidad de la investigación y del informe que rindió por video la fiscal general, Ernestina Godoy, quien no se atrevió a una rueda de prensa para evitar cuestionamientos.
Lo lógico sería investigar, en el mismo sentido, por la rapidez con la que se quería terminar la obra, si hubo responsabilidad culposa de una manera más amplia: mala planeación, fallas técnicas, supervisión deficiente o insuficiente, tanto en la construcción como en la operación, decisiones apresuradas en la construcción, equipo inadecuado o faltante, mala administración en la operación, entre otros aspectos que se han detectado.
Al dirigir la acusación a los operadores, el Estado construye un relato político que criminaliza a los trabajadores y protege a quienes diseñaron y aprobaron la obra y administran su operación.
Procesar a los maquinistas por homicidio culposo es un exceso jurídico que raya en lo absurdo si se considera que ellos operaban bajo condiciones impuestas por una infraestructura posiblemente defectuosa y una mala administración.
La acusación abre la puerta a un precedente peligroso: responsabilizar a trabajadores por fallas que corresponden a decisiones políticas y técnicas de alto nivel. El fondo es claro: el gobierno busca desviar la investigación y proteger la legitimidad de un proyecto emblemático.
Pero al hacerlo, erosiona la confianza pública y exhibe un rostro autoritario que castiga a los más vulnerables mientras encubre a los verdaderos responsables.
El descarrilamiento no debería resolverse con la criminalización de dos maquinistas, sino con una investigación seria, transparente y que alcance a quienes diseñaron, supervisaron, construyeron y aprobaron la obra, y a quienes administran su operación. De lo contrario, el mensaje es inequívoco: el poder se absuelve a sí mismo y condena a quienes menos capacidad tienen de defenderse.
¿Usted qué opina?


