Por: Yessica Aupart
Durante más de tres décadas, el sistema de pensiones de las y los trabajadores del Estado de Tamaulipas permaneció prácticamente intacto. El paso del tiempo, el envejecimiento de la población trabajadora y la presión creciente sobre las finanzas públicas hicieron inevitable una pregunta incómoda pero necesaria: ¿era sostenible el sistema de pensiones tal como estaba concebido?
La reforma a la Ley del IPSSET impulsada por el Gobierno del Estado intenta responder a esa interrogante. No es una reforma menor ni meramente administrativa; se trata de un rediseño estructural de la previsión social que afecta directamente el presente y el futuro de miles de trabajadores del servicio público y del magisterio.
Como toda decisión de esta magnitud, genera logros, pero también retos y resistencias legítimas.
Uno de los principales aciertos de la reforma es haber reconocido, sin evasivas, la fragilidad financiera del fondo de pensiones.
Durante años, el problema se postergó, transfiriendo el costo político a futuras administraciones. En ese sentido, asumir la responsabilidad de reformar un sistema históricamente intocable representa una decisión políticamente compleja, pero institucionalmente necesaria.
Este elemento es clave para brindar certidumbre jurídica y evitar una ruptura abrupta del pacto laboral entre el Estado y sus trabajadores.
Otro logro relevante es la decisión de mantener el salario mínimo como referencia para el cálculo de las pensiones, conservando el tope máximo en diez salarios mínimos mensuales.
En un contexto nacional donde otros sistemas han migrado a la UMA —con efectos regresivos sobre el ingreso de los pensionados—, esta determinación protege el poder adquisitivo de las futuras pensiones.
Sin embargo, la reforma no está exenta de aspectos críticos. El más sensible es, sin duda, el incremento gradual de las aportaciones y la ampliación de los conceptos sujetos a cotización.
Para las y los trabajadores, incorporar prestaciones como despensa, quinquenio o compensaciones al salario base implica una reducción efectiva del ingreso disponible en el corto plazo.
Aunque el incremento sea escalonado, el impacto es real y se resentirá especialmente entre quienes perciben ingresos medios y bajos.
Desde la óptica laboral, también persiste un desafío de confianza institucional.
Durante décadas, los trabajadores escucharon promesas de estabilidad que hoy se reformulan bajo el argumento de la sostenibilidad.
Aun cuando los estudios actuariales respalden la medida, el reto del Gobierno no es solo financiero, sino comunicacional y político: convencer de que esta reforma no es el inicio de una ruta de sacrificios unilaterales, sino un esfuerzo compartido y equitativo.
Para las nuevas generaciones, el panorama es distinto. Establecer la edad de jubilación en 65 años a partir de 2026 alinea al IPSSET con estándares nacionales e internacionales, pero también redefine el contrato social para quienes ingresen al servicio público.
El reto será garantizar que este nuevo modelo realmente ofrezca estabilidad, pensiones dignas y servicios eficientes, de modo que el empleo público siga siendo atractivo y competitivo.
En síntesis, la reforma al IPSSET se mueve en una delgada línea entre la necesidad financiera y la justicia social. No reformar habría significado, tarde o temprano, el colapso del sistema y el incumplimiento de las pensiones.
Reformar implica costos políticos y económicos inmediatos, pero también la posibilidad de preservar un derecho fundamental para las próximas décadas.
El verdadero éxito de esta reforma no se medirá solo en balances actuariales, sino en la capacidad del Estado para sostener el diálogo con las y los trabajadores, garantizar transparencia en el manejo del fondo y demostrar, con hechos, que el sacrificio presente se traducirá en seguridad y dignidad futura. Ahí radica el desafío central


