Por: Yessica Aupart
Una decisión de la Suprema Corte volvió a sacudir la política en Tamaulipas.
El máximo tribunal del país echó abajo parte de la Ley de Aguas aprobada por el Congreso local, esa que permitía al Gobierno estatal meterse en los organismos municipales con argumentos tan vagos como una “imposibilidad manifiesta”.
Puede sonar técnico, pero no lo es.
Es un jalón de orejas directo al Congreso del Estado.
Y aquí hay que decirlo con todas sus letras: el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, tenía un punto a favor.
Cuando hace más de un año interpuso recursos para evitar una intervención del Estado en la Comapa, muchos lo acusaron de exagerar o de usar el conflicto con fines políticos.
Hoy, la Corte reconoce que la ley estaba mal hecha, que abría la puerta al abuso de poder y que los municipios tienen autonomía.
Algo básico… pero que se les estaba olvidando a los diputados.
Y este no es un caso aislado.
En los últimos meses el Congreso ha aprobado reformas polémicas:
desde quitar recursos a órganos autónomos hasta obligarlos a devolver fondos para que el Estado lo administre.
Todo bajo el argumento de “orden” y “eficiencia”.
Pero lo cierto es que estas decisiones han ido empujando al estado hacia una concentración de poder que la Constitución no permite.
La ironía es que los propios legisladores dicen trabajar en armonía con el Estado en realidad parecen estar fabricándole problemas legales que tarde o temprano explotarán.
Hoy fue el agua.
Mañana podría ser otra reforma.
Y la pregunta es la misma:
¿Hasta cuándo se legislará con cálculo político, sin pensar en consecuencias jurídicas.
La Suprema Corte ya mandó un mensaje: respeten la Constitución, respeten a los municipios y respeten los límites del poder.
No basta con aprobar leyes.
También hay que hacerlas bien.
Legislar no es imponer, gobernar no es acaparar y las mayorías… no son eternas.
Correo: [email protected]


