Por: Dan Llamas
Ciudad de México.- La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez se pronunció en contra del dictamen que reforma diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, al advertir que la propuesta carece de un análisis técnico profundo sobre sus impactos económicos y podría generar efectos adversos para la industria nacional y los consumidores.
«Estamos de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Esta reforma no se basa en estudios sólidos que permitan prever sus consecuencias reales para la economía del país”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna, al fijar la postura de su bancada.
Sanmiguel Sánchez reconoció que la correcta aplicación de aranceles puede ser una herramienta útil para fomentar el comercio justo, fortalecer la competitividad y proteger a la industria nacional frente a prácticas desleales, además de representar una fuente de ingresos para el Estado bajo reglas equitativas.
Sin embargo, explicó que el dictamen abarca 17 sectores estratégicos y mil 463 fracciones arancelarias, que incluyen industrias como la automotriz, textil, del vestido, plástico, siderúrgica, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, piel, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio, lo que implica un impacto amplio y sensible en las cadenas productivas.
Detalló que una parte significativa de las importaciones afectadas proviene de países con los que México no tiene tratado comercial, particularmente China, que concentra el setenta y uno punto dos por ciento de las importaciones sujetas a estos aranceles, además de Corea del Sur, India, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Bangladesh, Brasil, Camboya y Turquía.
La senadora advirtió que los aranceles no deben concebirse como una política permanente, sino coyuntural, técnica y evaluable, ya que una aplicación sin planeación puede derivar en inflación, incremento de precios, desempleo, desabasto de productos e interrupciones en cadenas de producción esenciales.
En su mensaje, criticó la premura con la que se pretende aprobar la reforma, al señalar que responde más a una necesidad recaudatoria que a una estrategia de fortalecimiento industrial, al estimarse ingresos adicionales por 103 mil millones de pesos para el año 2026.
Finalmente, Imelda Sanmiguel informó que, pese a coincidir con el espíritu general de la iniciativa, Acción Nacional votará en abstención, al considerar que el dictamen deja más dudas que certezas y no ofrece garantías suficientes para proteger a la industria mexicana, el empleo y el bolsillo de los consumidores.


