Por: Redacción
Austin, Texas.- La Administración Trump puso en marcha un programa no divulgado mediante el cual la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) comparte de forma periódica listas de viajeros aéreos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ampliando de manera sustancial el intercambio de datos federales para localizar y detener a personas con órdenes de deportación vigentes.
“El mensaje para aquellos en el país ilegalmente es claro: la única razón por la que deberían estar volando es para autodeportarse a casa”, afirmó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, al defender la estrategia impulsada desde la Casa Blanca.
De acuerdo con documentos obtenidos por The New York Times, la TSA entrega varias veces por semana información sobre pasajeros que transitarán por aeropuertos del país, lo que permite a ICE cruzar esos datos con sus propias bases y desplegar agentes para efectuar arrestos directamente en las terminales aéreas.
Aunque el gobierno federal no ha precisado cuántas detenciones se han realizado bajo este esquema, un exfuncionario de ICE señaló que, en su región, setenta y cinco por ciento de los casos identificados a través del programa derivaron en arrestos, lo que ha sido visto como un refuerzo clave para cumplir las metas de deportación de la actual administración.
Uno de los casos documentados es el de Any Lucía López Belloza, estudiante universitaria de diecinueve años, arrestada el 20 de noviembre en el Aeropuerto Logan de Boston y deportada a Honduras dos días después, pese a que cursaba su primer año de estudios en Babson College y había pasado sin incidentes los filtros de seguridad con su pasaporte hondureño.
Exfuncionarios y especialistas en seguridad aeroportuaria advirtieron que esta cooperación rompe con la práctica histórica de evitar operativos migratorios en vuelos domésticos, ante el riesgo de distraer recursos destinados a la seguridad aérea y generar mayores tiempos de espera para los pasajeros.
“Si tienes más oficiales realizando arrestos en los aeropuertos, se pone más tensión en el sistema; los retrasos y las complicaciones pueden molestar y asustar a algunos viajeros”, sostuvo Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria superior de ICE durante la administración Biden.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional se reconoce que el impulso a este tipo de acciones responde a una directriz general para incrementar las deportaciones, planteada a inicios de año por el asesor presidencial Stephen Miller, quien fijó como meta hasta tres mil arrestos diarios.
Defensores de inmigrantes criticaron el programa por considerar que busca infundir miedo en las comunidades migrantes y restringir su movilidad cotidiana, al convertir los aeropuertos en puntos de detención inmediata y deportación acelerada.
“Este es otro intento de aterrorizar y castigar a las comunidades, y hará que las personas tengan miedo de abandonar sus hogares por temor a ser detenidas injustamente”, declaró Robyn Barnard, directora sénior de defensa de refugiados en Human Rights First.
La medida se suma a otros intentos de la Administración Trump por ampliar el acceso de ICE a bases de datos federales, como el acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos para obtener direcciones de migrantes, iniciativa que fue bloqueada por un tribunal federal en noviembre, en medio de crecientes cuestionamientos legales y de derechos civiles.


