Por: Jesús Quintero Seoane
Ante la avalancha de noticias relevantes, muchas de ellas distractivas de los sucesos verdaderamente importantes para el país, traigo a este espacio un evento que en su momento atrajo la atención, pero que se olvidó prontamente y que no es ocioso volver a exponer, porque exhibe el uso desproporcionado del poder público que hizo el propio gobierno y el partido oficial contra la convocatoria de Edson Andrade Lemus, joven veinteañero y creador de contenido digital, a la llamada marcha de la Generación Z, que siendo una protesta en origen pacífica y supuestamente apartidista, terminó en actos violentos del llamado Bloque Negro, que desató una respuesta estatal excesiva contra un ejercicio legítimo de libertad, para derivar al final en una campaña de descalificación pública y exposición de datos personales de este joven y atribuirle una filiación partidista, concretamente al PAN.
La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, difundió documentos, incluyendo datos personales, que supuestamente acreditan un contrato de dos millones de pesos entre Andrade y el PAN, insinuando que trabajar para un partido político es prácticamente un delito. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la llamada “mañanera”, que como sabemos en gran medida marca la agenda nacional diariamente, se tomó tiempo para reforzar esa narrativa al señalar que detrás de la protesta había intereses partidistas.
El resultado fue la estigmatización de un joven que, lejos de representar un riesgo real de desestabilización, pretendía encarnar la vitalidad de una generación de jóvenes que busca hacerse escuchar, exigiendo al Estado condiciones de seguridad para la población y, desde luego, para ellos.
Ante la presión que ejerció el Estado, Andrade advirtió que su seguridad había sido vulnerada y que consideraba salir del país.
El Estado amedrenta a un joven de escasos 20 años.
No es éticamente correcto solo por no coincidir en su forma de pensar.
El contraste histórico es inevitable: tanto Sheinbaum como Alcalde fueron jóvenes combativas de izquierda que defendieron sus ideas en las calles y en espacios públicos.
Luchaban por sus ideas y seguramente participaban en algún grupo político.
Hoy, desde posiciones de poder, descalifican a un joven por ejercer el mismo derecho que ellas reivindicaron en su momento.
La paradoja revela quizá una doble moral: lo que antes ellas celebraban como participación política legítima, ahora criminalizan como conspiración contra el Estado. ¿De qué se asustan, cuando así es la praxis política?
Fue un uso desproporcionado del poder que no se limitó a la vigilancia o a los operativos policiales, sino se extendió al terreno mediático.
Exhibir contratos, señalar supuestas filiaciones partidistas y difundir datos personales (podían haber sido testados) son prácticas que buscan intimidar y deslegitimar, como sin duda fue el caso de este joven.
¿Se trató acaso de un mensaje de advertencia a la juventud de que la protesta puede ser castigada?
Más allá de la disputa entre partidos, el caso Andrade obliga a reflexionar sobre la calidad democrática. Si estar afiliado o prestar servicios para un partido fuese un delito, gran parte de la clase política tendría que rendir cuentas.
Lo que está en juego no debe ser la militancia de un joven, sino el derecho de una generación a organizarse y expresarse sin miedo a represalias y, desde luego, el uso indebido del poder público de manera desproporcionada. ¿Usted qué opina?


