Por: Redacción
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
La minuta avanzó con 450 votos a favor en lo general, sin sufragios en contra ni abstenciones, y con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención en los artículos reservados, para ser remitida al Ejecutivo federal.
“Ninguna revisión al trabajo legislativo debe verse como agravio; en un sistema bicameral es parte de la normalidad institucional”, afirmó la diputada de Morena Giselle Arellano Ávila durante la discusión del dictamen.
La legisladora destacó que la nueva Ley General fija penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización para quien obligue, sin derecho, a otra persona a realizar, tolerar u omitir alguna acción que derive en daño patrimonial, físico, moral o psicológico.
Arellano Ávila subrayó que las sanciones aumentarán entre cuatro y ocho años cuando la extorsión se vincule con cobro de cuotas, uso del sistema financiero, empleo indebido de instituciones públicas o privadas, o aprovechamiento de situaciones de riesgo o procedimientos legales.
Detalló Arellano Ávila, además, que el artículo 18 prevé penas que pueden alcanzar 42 años de prisión para servidores públicos y líderes criminales involucrados, sin beneficios de preliberación.
Calificó este punto como fundamental en la estrategia de fortalecimiento institucional y depuración de los cuerpos de seguridad.
Con esta ley, afirmó, se busca inhibir la extorsión que por años ha golpeado al comercio local y a las familias mexicanas, garantizando mejores condiciones para comercios, transportistas, productores del campo y pescadores, sectores afectados históricamente por el cobro de piso.
Arellano Ávila sostuvo que la transformación “significa volver a poner al Estado de pie, fortalecer instituciones, profesionalizar la justicia y construir un país donde la ley sí se cumpla; donde las prisiones dejen de ser centros de operación criminal y donde mujeres, comerciantes, transportistas, el campo y la juventud puedan vivir sin miedo”.


