Por: Yessica Aupart
La convocatoria para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un perfil con solvencia técnica, experiencia probada y, sobre todo, legitimidad pública.
En ese escenario, el nombre de Javier Córdoba González destaca no sólo por su trayectoria, sino por el equilibrio entre formación, operación institucional y conocimiento del estado.
Córdoba no es un improvisado.
Ha ocupado cargos estratégicos en materia de seguridad, justicia y gobierno: fue integrante del equipo asesor del gobernador Américo Villarreal Anaya en temas político-electorales; delegado de la Secretaría de Gobernación y de la Profeco; consejero de la Judicatura; secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; y pieza clave en la antigua Procuraduría, donde llegó a ser primer subprocurador y encargado del despacho.
A ello se suma su experiencia municipal en Victoria y su presencia académica en la UAT, que abonan criterio jurídico y sensibilidad pública.
Frente a él aparecen otros aspirantes, aunque no con la misma solvencia.
La diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente ya ocupó el cargo cuando la institución era Procuraduría, y su eventual retorno se percibe más como una apuesta política que como un relevo institucional.
En contraste, el actual fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, arrastra un episodio que —aunque superado legalmente— sigue siendo una sombra inevitable: su detención en 2002 por acusaciones federales de evasión de detenidos, delitos contra la salud y delincuencia organizada, de las cuales posteriormente fue liberado.
Hoy, cuando Tamaulipas necesita fortalecer la confianza pública, perfiles con trayectoria limpia, estabilidad institucional y capacidad de gestión ya no son opcionales: son indispensables.
Quienes aspiren al cargo tienen como plazo del 17 al 20 de noviembre para entregar su documentación.
Un grupo de tres mujeres y tres hombres será preseleccionado por el Congreso de Tamaulipas y enviado al Ejecutivo, para que éste regrese al Legislativo una terna de donde el pleno seleccionará a la persona que ocupará el cargo.


