El servicio de inteligencia en México: ¿quién vigila al vigilante?
Jesús Quintero Seoane
En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó los servicios de inteligencia del gobierno en el centro de su Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El propósito es indiscutible: combatir la impunidad mediante análisis criminal de manera más técnica y a través de la coordinación interinstitucional, que incluye los tres niveles de gobierno.
La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en junio de 2025, prevé integrar una Plataforma Central de Inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Aunque la ley no enumera literalmente “22 bases de datos”, sí hay coincidencia en diversos análisis periodísticos y legislativos en que el sistema tendrá acceso a más de 22 fuentes de información, tanto públicas como privadas.
La plataforma centralizará datos biométricos, financieros, migratorios, judiciales y de telecomunicaciones, entre otros perfiles.
La crítica que se hace es que el nuevo sistema de inteligencia, si bien representa un salto tecnológico en la capacidad del Estado para observar, clasificar y anticipar comportamientos, no tendrá controles democráticos y podría seguir facilitando el espionaje político, criminalizar la disidencia y, por tanto, permitir el uso discrecional de la información que el CNI recopile.
Entre las plataformas que podrían integrarse están: RENAPO (identidad), Plataforma México (seguridad pública), Registro Nacional de Detenciones, Registro de Personas Desaparecidas, REPUVE (vehículos), PANAUT (telefonía móvil), bases del SAT, IMSS, INE, UIF (inteligencia financiera), expedientes clínicos, registros escolares, datos migratorios del INM, información penitenciaria, registros catastrales y hasta monitoreo de redes sociales y fuentes abiertas.
La amplitud es tal que el sistema de inteligencia, según expertos, podría perfilar, rastrear y clasificar a cualquier ciudadano sin orden judicial.
El objetivo que pretende el gobierno podrá ser legítimo, sin duda, pero el diseño revela una lógica vertical y en gran medida opaca. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) concentrará facultades sobre los servicios de inteligencia sin que se establezcan mecanismos de supervisión institucional.
Por ejemplo, no existe, en un primer plano, una instancia parlamentaria de inteligencia que pueda, ahora sí, vigilar al vigilante; tampoco están declarados protocolos públicos de rendición de cuentas de quien operará los servicios de inteligencia.
La inteligencia, entonces, corre el riesgo —como ha sucedido históricamente— de ser también una herramienta de control político, y no solo de protección ciudadana y de seguridad nacional, que es el fin primario de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno.
Sin duda, está claro que nuestro país necesita, dados los índices lamentables de criminalidad, inteligencia estratégica, pero no una vigilancia sin límites, como se vislumbra en la nueva ley.
La seguridad pública requiere inteligencia, sí, pero también legalidad, transparencia y supervisión.
De lo contrario, el rostro del poder del Estado tendrá los mismos vicios históricos de siempre: un gobierno que, si bien con un objetivo legítimo y necesario vela por la seguridad nacional, “aprovecha” los mecanismos institucionales para discrecionalmente observar y vigilar políticamente a opositores, periodistas, activistas o disidentes, e incluso al ciudadano común y corriente.
Este modus operandi no es nuevo; es histórico, lamentablemente.
No ha importado el color del gobierno en turno.
¿Usted qué opina?


