Inteligencia en México: del “espionaje presidencial” a la centralización sin contrapesos

16 Oct 2025 | Opinión

Por: Jesús Quintero Seoane

La historia “reciente” de la inteligencia en México es, en gran medida, la historia de un Estado que ha privilegiado el control político sobre la prevención de la seguridad pública y, en consecuencia, de la seguridad nacional. En la búsqueda de información sobre la inteligencia en México, encontré datos muy interesantes que no puedo dejar de compartir contigo, estimado lector, en una próxima entrega. Ahora solo me referiré a sus orígenes a partir de la época posrevolucionaria hasta la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (2025). Durante este período se puede apreciar que no se construyó un sistema de inteligencia institucional que garantizara eficacia operativa ni supervisión democrática. Pudo existir eficacia, pero se privilegió la persecución política.

Los primeros antecedentes formales de los servicios de inteligencia se remontan a 1918, cuando el gobierno de Venustiano Carranza creó en la entonces Secretaría de Gobernación una instancia administrativa denominada Servicios Confidenciales y, con ella, la Sección Primera, encargada de recabar información sobre actores —principalmente políticos— considerados peligrosos para el orden constitucional del momento. Durante las décadas siguientes, los gobiernos posrevolucionarios tuvieron básicamente, hasta donde se puede interpretar, redes informales de espionaje político, utilizando inspectores, delegados y militares para vigilar sindicatos, prensa, iglesias y partidos políticos emergentes. La inteligencia no fue estratégica: fue discrecional y represiva, como quizá sucede aún.

En 1947, bajo esa lógica de persecución y represión, se creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Su función fue la vigilancia política y el control social. Durante las cuatro décadas siguientes, la DFS operó como policía política de los regímenes priistas, acumulando poder y abusos. Esta Dirección se disolvió en 1985, marcando el fin de una era. En el ánimo de crear una instancia gubernamental más institucional, en 1989 el gobierno creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el objetivo de profesionalizar la inteligencia civil, pero tampoco logró autonomía política. Su información se filtraba bajo criterios políticos. Su marco normativo fue la Ley de Seguridad Nacional (2005), pero sin controles legislativos ni indicadores públicos.

En 2018, López Obrador eliminó el CISEN y creó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), designando al mando a un militar, el general Audomaro Sandoval, lo que marcó la militarización silenciosa del aparato de inteligencia. El CNI, dicen los expertos, opera sin ley orgánica, sin rendición de cuentas y con escasa interlocución con gobiernos estatales. En este proceso evolutivo, en 2025, la presidenta Sheinbaum colocó los servicios de inteligencia en el centro de su Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública formalizó esta prioridad, creando una Plataforma Central de Inteligencia operada por el CNI, con acceso a más de 22 bases de datos públicas y privadas, revelando en su diseño una lógica de concentración al otorgarle amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin establecer mecanismos de supervisión parlamentaria especializada, como sucede en otros países con democracias más sólidas.

El servicio de inteligencia, aun con la nueva ley, seguirá operando sin un contrapeso parlamentario que lo supervise, sin protocolos de transparencia ni indicadores públicos que midan su desempeño. Se requiere una reforma profunda. La inteligencia debe ser civil, profesional, pero sobre todo supervisada, controlada por el poder legislativo en principio. De lo contrario, seguirá operando en la sombra, reproduciendo errores del pasado, pero eso sí, con nuevas tecnologías y plataformas de datos a las que tendrá acceso. ¿Usted qué opina?

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