Desarticulan red huachicolera con operaciones en seis estados

30 Jun 2025 | Nacional

Por: Redacción
Ciudad de México.-

El Gobierno de México logró desarticular una de las principales bandas criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, con operaciones en la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas y Coahuila.

“Este operativo demuestra que, cuando hay voluntad y coordinación, se puede golpear a estructuras criminales con impacto nacional. No habrá impunidad para quienes atenten contra la seguridad energética del país”, aseguró Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al dar a conocer los detalles de la operación.

La acción fue resultado de seis meses de investigaciones conjuntas. En seguimiento al aseguramiento, en marzo, de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en costas de Tamaulipas, las autoridades realizaron un cateo en Saltillo, Coahuila, donde fue localizado un predio utilizado para resguardar unidades de transporte de carga y contenedores con combustible de procedencia ilícita.

El gabinete de seguridad federal detalló que, mediante la ejecución de 12 órdenes de cateo en tres estados y el despliegue de 767 elementos federales y locales, se logró la detención de 32 presuntos integrantes del grupo delictivo, así como un decomiso histórico que incluyó armas largas, vehículos, 16 millones de pesos en efectivo y hasta animales exóticos.

Entre los detenidos se encuentran Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, identificado como cabecilla del grupo, y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias Flaco de Oro, considerado su principal operador y socio estratégico.

Según las indagatorias, la red criminal habría operado durante años con presunta protección de autoridades federales, estatales y municipales, lo que permitió el tráfico y almacenamiento de combustibles robados en infraestructura paralela al sistema de Pemex.

Las autoridades adelantaron que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades administrativas y penales contra funcionarios públicos vinculados directa o indirectamente con esta red delictiva.

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