Por: Redacción
San Antonio, Texas.-
El endurecimiento de las medidas de vigilancia por parte del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas encendió las alarmas en territorio mexicano, donde autoridades y ciudadanos advierten sobre el riesgo de detenciones arbitrarias, discriminación y una ruptura diplomática con el estado fronterizo.
“La ley SB‑4 es una medida deshumanizante e injusta que impacta negativamente a la comunidad mexicana y a la relación bilateral con Estados Unidos”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un posicionamiento oficial.
La Ley SB‑4, aprobada en Texas pero aún bajo disputa judicial, permitiría a policías estatales detener a cualquier persona que consideren «sospechosa» de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, sin necesidad de intervención federal. Esta norma abre la puerta a detenciones por perfil racial, idioma o apariencia física.
La preocupación escaló con los reportes de choferes mexicanos con visa B‑1 detenidos por el DPS, quienes han sido interrogados en inglés como método para validar su permanencia en territorio texano.
“Me pararon cerca de Cotulla y me empezaron a hablar en inglés, como si eso definiera si mi visa era válida. Sentí que buscaban cualquier motivo para bajarme”, indicó a Llamas Comunicación un operador originario de Monterrey que pidió el anonimato.
El gobierno mexicano advirtió que no aceptará deportaciones desde Texas derivadas de esta ley, e instó a sus ciudadanos a reportar cualquier abuso ante los consulados. La medida también ha sido señalada por expertos como una posible violación al T-MEC, por obstaculizar el tránsito legal de personas y mercancías.
“Me da miedo cruzar. Ya no se sabe si por tener acento, color de piel o una visa en revisión te vayan a detener”, comentó Miguel Torres, trabajador transfronterizo que viaja a diario entre Laredo y Nuevo Laredo.
Consulados mexicanos ya difunden recomendaciones y líneas de emergencia. Abogados de derechos civiles alertan que esta política acentúa un entorno hostil hacia los latinos y compromete la seguridad jurídica de los migrantes legales.
En redes sociales, la indignación se multiplica bajo etiquetas como #LeySB4NoVa y #DPSBajoLupa, mientras organizaciones civiles piden frenar lo que consideran una política “disfrazada de seguridad, pero impulsada por el prejuicio”.
La historia sigue en desarrollo.