Por Jesús Quintero Seoane
Le habíamos reseñado en las entregas anteriores, que después de la privatización de los aeropuertos públicos en 1998, con excepción del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) que siguió siendo administrado por el Estado, transcurrieron casi 25 años durante los cuales se ampliaran los aeropuertos, se mejoró en muchos casos su infraestructura con renovados y modernos equipos e instalaciones entre otros aspectos importantes.
Sin embargo, no pueden soslayarse en la historia de los aeropuertos en México, dos fallidos intentos de sustituir el AICM con la construcción de un nuevo aeropuerto. La primera tentativa en San Salvador Atenco, Estado de México, en la región de Texcoco, en el año de 2001 con el gobierno de Vicente Fox. Proyecto que no se concretó por la oposición de los ejidatarios de la región que liderados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se opusieron en un importante movimiento social a la construcción del aeropuerto. El gobierno habría expropiado 5,391 hectáreas afectando a más de 4,000 familias. Finalmente Fox cancelo el proyecto y en su lugar se decidió la construcción de la Terminal 2 del AICM. Este intento no significo prácticamente ninguna erogación económica importante, solo el conflicto social que se generó.
El malogrado segundo intento fue mucho más significativo. Tuvo importantes implicaciones no solo presupuestales y económicas, sino también ideológicas y de política pública en el manejo del sector aéreo. Fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto que se decide en 2014 la construcción del nuevo aeropuerto en terrenos federales del ex Vaso de Texcoco (para no propiciar un tema como el de Atenco 13 años antes) en una superficie de 4,431 hectáreas y proyectado para una inversión de 13 mil millones de dólares. El megaproyecto pretendía una terminal área de clase mundial. Un gran HUB aeroportuario latinoamericano de pasajeros como de carga e iniciar operaciones en 2020, propiciando a la vez un gran desarrollo económico en la zona. De acuerdo con datos del propio gobierno el proyecto libró los estudios de rigor hidrológicos, geotécnicos y ambientales y desde luego lo aeronáuticos requeridos por la autoridades respectivas. En su fase inicial iba a tener 96 puertas de contacto para abordaje, tres pistas y capacidad para mover 70 millones de pasajeros anuales y conexión con la ciudad de México por medio del Sistema Metrobus. En su etapa final, contaría con seis pistas de aterrizaje y atendería a 125 millones de usuarios al año. Significaba saldar la deuda cuyo pago se había postergado mucho tiempo para sustituir el principal aeropuerto de México que había cumplido su ciclo de servicio por uno de punta. De haberse logrado la construcción del nuevo aeropuerto se habría modificado sustancialmente el siste[JDJQS1] ma aeroportuario en México.
Todo pintaba bien. Nada parecía fallar. No se vislumbraban malos augurios en la principal obra de infraestructura de Peña Nieto. Su legado de seis años de gobierno muy cuestionados. Pero la llegada de un gobierno de izquierda, con una visión ideológica diferente de propiciar el desarrollo del país, decidió cancelar la construcción del aeropuerto que llevaba un avance del 30% y una erogación a ese momento, en 2018, de 3000 millones de dólares, según datos que han trascendido sobre el costo de cancelación. Cancelación que se dio todavía sin ser tomar protesta Manuel López Obrador como Presidente de México el 1 de diciembre de 2018 bajo argumentos de corrupción.