EL MUNDO DEL HORROR

EL MUNDO DEL HORROR

Por Clemente Castro González

Es evidente que nuestro país, en el concierto internacional, no se distingue porque las autoridades garanticen la aplicación de la ley y se esmeren en hacer justicia en favor de quienes han sido víctimas de delitos.
La impunidad esta por doquier y eso se percibe y documenta, no sólo en lo interno sino también por organismos que funcionan a nivel mundial.
De ahí que no pueda esperarse que México salga bien librado de la reunión, en Ginebra, Suiza, ante el Comité contra la Desaparición Forzada que depende de la Organización de las Naciones Unidas y el cual es integrado por expertos.
En dicho evento correspondió dar la cara a LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante un informe y diagnóstico sobre el tema, al igual que las acciones emprendidas por la institución a su cargo, con especial énfasis en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre del año pasado, en el municipio de Iguala, Guerrero.
Sucede que en el país aún no se cuenta con una referencia puntual sobre personas extraviadas y eso lo reconoce el Ombusman.
“El Estado Mexicano no cuenta con un registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente que permita conocer, con alto grado de certeza, en número real de personas desparecidas en el país”.
Pero si se sabe que estamos entre las naciones en donde más se presenta éste tipo de fenómeno y, pese a ello, todavía no se tiene un listado confiable sobre víctimas.
En ese sentido, la situación se complica porque a la desaparición forzada, habría que añadir el secuestro, rapto, desplazamiento y los homicidios.
Acorde a los expertos, una cosa es privar alguien de su libertad para extorsionarla y otra desaparecerla. En cuanto al primer delito puede saberse de la existencia de la víctima mientras que en el segundo, no.
Desde luego que un crimen puede llevar a otro, en tanto que se trata de algo al margen de la ley.
En esencia estamos hablando de privación de la libertad, por parte de bandas delictivas y de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Según datos de la Procuraduría General de la República y Gobernación, desde el 2006 al 2012 se registraron en México 25 mil personas desaparecidas.
Números recientes dan cuenta de que en el 2014, entre los estados en los que se dio con mayor incidencia la problemática en mención se encuentra Tamaulipas con 875 casos, mientras que en el Estado de México se presentaron 495 y en Jalisco, 430.
Por supuesto que se trata de datos conservadoras en tanto que tales crimines, de alto impacto, siguen cometiéndose, sobre todo el secuestro y el asesinato que va a parar a fosas clandestinas.
Al respecto, es común que grupos delictivos actúen en contra de migrantes y de ciudadanos, según se desprende de los informes que da a conocer el Grupo de Coordinación Tamaulipas.
Así tenemos que, en fechas recientes, fueron rescatados 31 personas que permanecían secuestrados, en un municipio del sur del estado.
Igual se ha hecho en la frontera, lo que da cuenta de un entramado y el poder que detentan los proscritos en ciertos territorios.
Lo cierto es que todavía falta mucho por hacer para lograr que las familias mexicanas recuperen la confianza en la aplicación de la ley y en los gobernantes.
Se percibe, en el ámbito de la república, que priva la retórica y no los resultados que se requieren en materia de seguridad y eso incluye el respecto a los derechos humanos.
RUELTA
Algunas declaraciones del procurador general de la república, JESUS MURILLO KARAM, en cuanto al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, se convirtieron en despropósitos, como aquella cuando dijo, en un rueda de prensa: “ya me canse”.
Eso provocó fuertes críticas hacia el funcionario, principalmente en redes sociales, en donde le señalaban, entre otras cosas que, en realidad los ciudadanos eran los que estaban cansados de la inseguridad y la ineptitud de los servidores públicos.
La semana pasada MURILLO KARAM volvió a dar nota, ya que ante legisladores señaló que los normalistas de Ayotzinapa no eran “hermanitas de la caridad”.
El punto es que los estudiantes desaparecidos sólo ejercían su derecho a manifestarse y que las autoridades tenían la obligación de protegerlos y no lo hicieron.
Más aún, fueron los propios policías de Iguala los que entregaron a los jóvenes a integrantes de la delincuencia organizada, por órdenes de un presidente municipal.
Y pese a que era evidente la penetración de las bandas delictivas en las alcaldías, entre otras la de Iguala, la federación con todo y su aparato de inteligencia, ni por enterados se dieron.
La otra posibilidad es que estuvieran informados de lo que sucedida pero optaron por dejar hacer y pasar, con las consecuencias conocidas.
De ahí que lo expresado por el procurador esta fuera de lugar y con su declaración sólo exhibe la indolencia que priva al más alto nivel del gobierno federal.
AL CIERRE
La tentación de infiltrar los partidos políticos que no son solícitos con el sistema, es una práctica recurrente de parte de la añeja clase política que, junto a las élites, mandan en México.
De ahí que se “siembren” militantes en algunas organizaciones o se sobornen a los que carecen de soporte ideológico y conciencia para que hagan el trabajo sucio. Incluso hasta dirigentes han sido tentados con el “cajón de la democracia”.
Eso le ha pasado al PRD, al PT y es el riego que corren institutos como MORENA.

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