miércoles , 6 julio 2022

Crea Texas su propia ‘Patrulla Fronteriza’

Cuando el ex gobernador Rick Perry ordenó en el 2011 un fuerte refuerzo en las medidas de seguridad en la frontera con México, Texas adquirió seis lanchas de combate capaces de hacer 900 disparos por minuto y registrar altas velocidades. Pero las embarcaciones, que costaron 580 mil dólares cada una, pasan más tiempo en el muelle que patrullando el Río Grande (Bravo).

Se trata de un precio pequeño en comparación a lo que el Gobierno estatal está por gastar. El nuevo gobernador republicano Greg Abbott aprobó este mes una partida presupuestal por 800 millones de dólares para seguridad fronteriza que serán empleados en los próximos dos años, más del doble de lo que se destinó en cualquier período similar en los últimos 14 años durante el gobierno de Rick Perry.

En la lista de compras de Texas está un avión de elevada altitud de 7.5 millones para escanear la frontera, un nuevo centro con información delictiva fronteriza, un centro de capacitación de cinco mil acres para corporaciones policiacas de la frontera y subsidios para vuelos de helicópteros durante todo el año. El estado desea contratar asimismo a 24 Rangers de Texas a fin de investigar la corrupción pública a lo largo de la zona fronteriza y 250 nuevos elementos estatales como efectivos iniciales de una fuerza permanente en la frontera.

Otros estados ubicados en la frontera suroeste de casi dos mil millas (3 mil 200 kilómetros) de longitud –Nuevo México, Arizona y California– no se acercan ni remotamente a los recursos que ha destinado Texas. Y Texas lo está haciendo largo tiempo después de que ha disminuido el incremento en el número de inmigrantes indocumentados registrado el año pasado en la frontera.

De manera que ¿cuál es la razón de que Texas esté preparando lo que al parecer será una patrulla fronteriza paralela a la fuerza federal?

“Busque en Google ‘delitos del narco en México’ y nada más ponga como periodo de búsqueda la semana pasada, y verá varios casos dramáticos de lo que lo cárteles están haciendo ahorita en México”, dijo este mes Abbott a los reporteros al término de la sesión legislativa. “La primera obligación del Gobierno es mantener segura a la gente y ello significa garantizar que esta actividad en curso de los cárteles, la cual de ninguna manera está disminuyendo, no eche ninguna raíz en el estado de Texas”.

El año pasado el sector fronterizo de 320 millas (514 kilómetros) del Valle del Río Grande fue la zona cero de una ola de migrantes centroamericanos, en su mayoría menores sin compañía de adultos y mujeres con niños. El sector del Valle representó el 53 por ciento de todos los migrantes detenidos en el Suroeste en el transcurso del año fiscal que concluyó en septiembre.

Lo anterior alarmó a los republicanos texanos, quienes durante la campaña para las elecciones del año pasado hicieron un llamado para que se tomaran medidas enérgicas. Pero la cifra de los migrantes atrapados ha bajado 44 por ciento en los primeros ocho meses del presente año fiscal.

Raúl Ortiz, subjefe en el sector del Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza federal, atribuyó el descenso básicamente a la mayor vigilancia implementada del lado mexicano, especialmente en sus propias fronteras con América Central.  Ortiz reconoció también la colaboración del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas, y otras corporaciones policiacas.

A los críticos les preocupa que el incremento no tenga fin, señalando haber pocos registros en torno a cómo se gastarán los fondos o si serán efectivos.

Durante las últimas semanas de la sesión legislativa los legisladores republicanos retiraron del proyecto de ley firmado por Abbott estipulaciones que hubieran exigido que un nuevo consejo supervisor proporcionara datos mensuales e información sobre delitos. El panel sólo tiene la obligación de entregar en el 2017 un reporte a los legisladores.

“En un salón de tercer grado o con el DPS, si no se tienen parámetros ni forma de evaluar el éxito, se está desperdiciando el dinero”, dijo el representante estatal demócrata Rafael Anchia.

En un informe, la corporación policiaca estatal definió una frontera segura como “intercepción de todas las personas, las drogas y demás contrabando”. (Associated Press)

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